¿Cuál fue su primera reacción cuando se enteró del cambio de opinión del actual gobierno en cuanto a declarar como en evaluación el compromiso de cerrar la actual cárcel y entregar el terreno de la Alameda para construir allí un centro cívico-habitacional una vez que se ponga en marcha el complejo nuevo de La Laguna en Aldea Campesina?
“Fueron varios sentimientos encontrados. Lo primero fue la sorpresa porque uno, como autoridad local, siempre espera que estas noticias sean entregadas por las autoridades centrales de manera formal y no enterarse por la prensa. Por ello, entendemos que fue una mala señal, pero no solo hacia la autoridad local, sino hacia toda la comunidad y la ciudad”.
¿Y desde que se realizó ese anuncio ha logrado reunir más antecedentes para saber por qué el Gobierno decide cambiar de opinión considerando que el compromiso de entregar el terreno a la ciudad estaba vigente de forma ininterrumpida desde el primer mandato de Michelle Bachelet?
“Justamente por ello nos produce más bien decepción que molestia, porque son procesos que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Cuando se anuncia el proyecto de la cárcel de La Laguna siempre pensamos en el bien superior que era qué se hacía con el terreno de la Alameda. Así el año 2010 se hizo un proyecto FONDART que congregó ideas de diferentes profesionales que plantearon alternativas”.
¿Cuál es la expectativa de cambio de uso del terreno de la Alameda?
“Nosotros avanzamos en varias conversaciones, porque entendemos que son políticas de Estado que trascienden a los gobiernos de turno. Cuando me tocó asumir el Gobierno comunal, después del terremoto, decidimos impulsar un Plan Maestro de Regeneración Urbana de Talca, donde se incluía la revitalización del casco histórico, sin duda, la zona más golpeada por el megasismo de 2010. Así se establece cómo generar incentivos para que el mundo privado invierta en la construcción de edificios, comercio y servicios, donde lo primero es utilizar el banco de suelos públicos. Así se decide avanzar en proyectos como el Mercado Central de Talca, las Escuelas Concentradas y el Mercado Estación. Ahora, estamos poniendo a disposición el terreno de la ex fábrica Jarman y la mitad del terreno del parque Cornelio Baeza, ambos para fines habitacionales. En esa línea, estamos convencidos que el terreno de la cárcel de Talca es un detonante importante para este proceso”.
¿Cómo fue la dinámica de conversaciones con los sucesivos gobiernos?
“Recuerdo haber conversado con el ministro Ward, de Bienes Nacionales quien junto al entonces Intendente, Pablo Milad, nos plantea desarrollar un proyecto que contemple participación ciudadana y que, a la vez, resuelva problemas que tiene la ciudad. Así firmamos un convenio con Pablo Milad para levantar los requerimientos de la comuna, dando paso a un concurso internacional que desarrollamos en pandemia, donde participaron 700 proyectos a nivel internacional, con recursos que aprobó el Concejo Municipal. Para seleccionar, se firmó un convenio con la Universidad de Talca que aportó con sus académicos del más alto nivel, donde también incorporamos a los vecinos. Luego, asume el ministro Isamit y abrimos las conversaciones hacia el ministro Hernán Larraín, en Justicia, quien nos confirma el compromiso de prescindencia del terreno y nos pide considerar espacios para servicios del sector justicia”.
¿Cuál fue el proyecto ganador del concurso internacional?
“El ganador fue un equipo de Argentina, con segundo y tercer lugar para arquitectos chilenos. Allí se contemplaba la construcción de un edificio para servicios municipales que hoy tenemos dispersos, esto es, los departamentos de Obras, Patentes y DIDECO, así como otro edificio para servicios públicos que también están dispersos por la ciudad, conformando un centro cívico que nos permita facilitar el acceso de los vecinos”.
¿Bajo qué criterios se decide agregar espacios habitacionales?
“Lo que ocurre es que los barrios donde solamente hay servicios públicos funcionan solo de día y durante la semana. Por ello, decidimos sumar espacios para fines habitacionales y comerciales. Además, en Talca no tenemos un centro de convenciones de gran tamaño y, por ello, incorporamos ese proyecto con una capacidad de 2 mil personas, porque creemos que eso potencia a la ciudad. Además, se suma un área verde conectada a la Diagonal Isidoro del Solar, la Alameda y con el remate en el parque del Río Claro. Es decir, un proyecto trabajado con mucha participación y el compromiso de ministerios como Bienes Nacionales, Justicia y Vivienda, con el Gobierno Regional, la Universidad de Talca y los vecinos”.
¿Qué acciones se tomaron cuando asume el actual Gobierno?
“Lo primero que hicimos fue presentar este proyecto al Delegado Presidencial Regional, así como a los SEREMIs de Justicia y Bienes Nacionales, con una muy buena acogida. Yo me entrevisté con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien comprometió su apoyo. Y cuando el Presidente, Gabriel Boric, viajó a Talca, en la estación de ferrocarriles estuvimos conversando y allí le entregué una carpeta con este proyecto de centro cívico y habitacional. Tuvimos una muy buena recepción y el Presidente, en ese mismo instante, llamó a la ministra de Bienes Nacionales para que se le diera celeridad, junto al Ministerio de Justicia”.
¿Cuál es la fuerza de este proyecto?
“Aquí hay un proceso, un trabajo serio e institucional. Esto no es un proyecto de un alcalde, sino de una ciudad. Yo me entrevisté con el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien dice que ya se abordó en una reunión de Gabinete Presidencial. Para informarme de los detalles, hemos solicitado una reunión con el ministro de Justicia. Se dice que hay una sobrepoblación en las cárceles concesionadas y con esta cárcel de La Laguna, junto a otras, se cubriría ese déficit de cupos. No queremos cerrarnos a ver una realidad país, pero La Laguna se creó para suplir las falencias de la actual cárcel de Talca, además de retirar el recinto penal de la zona céntrica porque es un problema urbanístico y de seguridad. No se justifica tener cárcel en la urbe”.
¿Cuáles son sus cálculos?
“En la actual cárcel de Talca hay poco más de 800 reos y la capacidad total de La Laguna es de 2.300. Es decir, se podrían trasladar todos los reos y queda un importante cupo. Si permitimos que se quede la actual cárcel en la Alameda y permitimos que al complejo de La Laguna lleguen nuevos reos, entonces, eso va a ser eterno, porque hay una proyección de crecimiento de la población penitenciaria a nivel país. No podemos sacrificar una ciudad, porque claramente no se va a construir una tercera cárcel. Eso hay que entenderlo bien. Estamos condenando todo este trabajo, pensando en el largo plazo. La cárcel nos produce externalidades negativas y si se trae a La Laguna población penal con condenas de más de diez años, sus familias se van a instalar en Talca. Y eso claramente no nos va a dar más seguridad”.
