¿Qué ocurrió?
Por 138 votos a favor, la Sala de la Cámara aprobó el proyecto que crea una Pensión Garantizada Universal (PGU), en su segundo trámite legislativo, lo que constituye un nuevo avance de la iniciativa en el parlamento. El mensaje presidencial crea una PGU para todos los mayores de 65 años que pertenezcan al 90% más vulnerable. En todo caso, la normativa va separada de aquella que le otorga financiamiento legal, la cual recién se encuentra en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
¿Qué dijeron desde el Gobierno?
Al respecto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, afirmó que “agradecemos al Congreso Nacional, ya que se trata de un hito muy relevante. Han sido muchos años en las que las personas mayores han esperado este esfuerzo relevante que se ha hecho hoy para mejorar las pensiones. Definitivamente no pueden esperar más para que se establezca un piso de dignidad para ellos, quienes lo han dado todo por nosotros. En la medida de que el Congreso apruebe más rápido, un mes después, todos aquellos pensionados del sistema del Pilar Solidario, van a poder ver aumentadas sus pensiones. Seis meses después, el primer día hábil del séptimo mes, van a ingresar todos aquellos nuevos, aquellos que no estaban dentro del beneficio del Pilar Solidario, es decir las personas que están entre el 60% y el 90% de vulnerabilidad. Durante esos 6 meses se establecerá un procedimiento, para generar los pagos de los nuevos beneficiarios. En ese sistema habrá una inscripción de las personas para poder recibir ese beneficio, y entregar sus datos. Todos los datos que tengamos, se mantendrán automáticos».
¿Qué comentó el ministro del Trabajo?
Por su parte, el ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, “Aquí hay recursos que están provisionados no sólo para este año, SINO también para los años siguientes con prácticamente medio punto del PIB, pero además, como con eso no nos alcanza, necesitamos financiarlo a través de estas mayores exenciones. Por eso necesitamos avanzar y de manera rápida. El financiamiento desde el punto de vista del Gobierno está completamente financiado. Queremos dar la completa tranquilidad y por lo tanto lo que aquí ocurrió es un paso muy importante porque ahora nos permite seguir con la tramitación y en la medida que tengamos todo el financiamiento, podremos comenzar a pagar lo antes posible y nuestra idea es que sea en febrero”.
¿Cuándo terminará la tramitación?
Una vez aprobado el proyecto, hay 3 meses para la entrada en vigencia de la ley. Posterior a esos tres meses, durante 6 meses, todos los pensionados en el Sistema de Protección Social, recibirán la PGU. En el décimo mes después de la publicación de la iniciativa, ingresa todo el resto de los beneficiarios, alcanzando su estado de régimen. De esta forma, de aprobarse prontamente, dicho régimen se alcanzaría en el último trimestre de 2022.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?
- Haber cumplido 65 años de edad
- No integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población entre 65 o más años de Chile
- En caso ser extranjero, acreditar residencia por un lapso no inferior a veinte años continuos o discontinuos.
- Para aquellas personas que cumplan estos requisitos, pero que tengan una pensión base autofinanciada superior a $630.000 pesos y de hasta $1.000.000, el monto de la PGU disminuirá gradualmente.
- El costo fiscal de la iniciativa será de un máximo de 0,95% del PIB entre 2028- 2034, alcanzando promedio de 0,92% del PIB en la década de 2040, considerando el envejecimiento de la población en las próximas décadas.
- La PGU se entregará a personas con 65 años cumplidos, sea que reciban o no beneficios del Sistema de Pilar Solidario (SPS), o que aún no se encuentren pensionados.
¿Cuál es el costo para el Estado?
- El costo fiscal en régimen de la nueva PGU es de, aproximadamente, 0,9% del PIB.
- Las medidas para financiar el mayor gasto son:
- Nuevo proyecto de ley que modifica algunas exenciones tributarias, donde se mantienen las modificaciones ya propuestas en la ley corta de pensiones, pero con una tasa de impuesto único a las ganancias de capital de 10% (0,35% del PIB).
- La provisión destinada en la Ley de Presupuestos 2022 y su Programa Financiero para las reformas de pensiones en discusión en el Congreso (cerca de 0,5% del PIB).
- La reducción del aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones, en 0,1% del PIB.
