“Vamos a solicitar a todas las bases que voten rechazo”

¿Cómo se origina el proceso estatutario?

“Nosotros como asociación de académicos de la Universidad de Talca, en conjunto con la asociación de funcionarios y distintas agrupaciones estudiantiles, hemos coincidido en varios aspectos que tienen que ver con este proceso estatutario. Este proceso está mandatado por ley para reformar estos estatutos que está hechos desde la dictadura. Pero ahora se definió un proceso, donde la universidad optó por un proceso. Allí en forma democrática se eligieron representantes. Se genero un consejo asesor que trabajó por dos años, concluyendo con una propuesta de estatutos. Esta propuesta la revisa la dirección general de estatutos, con abogados, y lo mandan a la universidad”.

¿Cómo interpreta lo que ocurrió allí?

“Ocurre que, primero, sacan una resolución donde la universidad dice que el consejo académico va a validar los estatutos que propuso el consejo asesor. Entonces, desde esa perspectiva, se le reconoció ese rol. Pero la decisión era validar o no, sin la atribución de cambiar elementos que no son de estilo. Y cuando se valida, lo hace un tercero, nadie se puede auto validar. Pero aquí hablamos de que el consejo modifica la propuesta y, luego, valida lo que ellos mismos hacen”.

¿Qué opina de esa modificación?

“Hay un principio democrático altamente transgredido, que es haber hecho que un conjunto de personas elegidas democráticamente trabajaran en una propuesta, pero ni siquiera es incorporada ni validada, sino que es cambiada drásticamente. Es como si los constituyentes redactaran la nueva Constitución y el Parlamento la cambia en una serie de aspectos. Y sobre eso nos piden ahora que votemos. Y eso es profundamente antidemocrático. Pero, además, profundamente ilegítimo, porque en esta adecuación, los decanos, por sí y ante sí, establecen cómo van a hacer la modificación. Y ahora nos piden que aprobemos rápidamente. Pero aquí existen detalles como urnas exclusivas para los estudiantes, otras para los funcionarios, otras para el cuerpo académico regular y una distinta par el no regular. Pero todos sabemos que, en las últimas votaciones, ni siquiera hay mesas para hombres y mujeres. Y acá están todas separadas. Y la pregunta que unos se hace es por qué ocurre eso”.

¿En su opinión el consejo académico podía modificar la propuesta del consejo asesor?

“Solo le estaba permitido validar o no el documento, pero nunca modificarlo. Y todavía más, porque tampoco tiene competencias para someter a referéndum un texto de adecuación estatutaria que es de su autoría. Porque al modificarlo, pasó a ser de su autoría. Es decir, prescinde del proceso participativo, público y democrático, que llevó adelante el consejo asesor”.

Desde la universidad dicen que el proceso es de co-construcción y que, por lo tanto, cada instancia podía realizar cambios. ¿Comparte esa interpretación?

“Nunca fue ese el espíritu, porque entonces tendríamos un grupo que está autodesignado para modificar esto, como fue con la Constitución de Pinochet. Es decir, un grupo de iluminados dice que van a modificar esto porque no les gustó. Lo que debió haber sido, si es un proceso de co-construcción, era devolver el documento al consejo asesor con observaciones. Y ellos volver a discutir esos puntos. Eso es respetar el proceso participativo, democrático y, además, la propia legislación que ellos se dieron. Allí entramos a co-construcción. Lo otro es un proceso de destrucción de lo que ya se había hecho, con una modificación sustancial y le pide a la comunidad académica que se pronuncie. Esto es lo que impugnamos, no solamente los académicos, sino que también los estudiantes y funcionarios”.

¿Entonces cuál es el llamado con miras al referéndum del próximo miércoles?

“Siguiendo la legalidad vigente, nosotros le enviamos una carta al rector haciéndole ver todos estos detalles. Entre ellos, preguntando por qué hay que votar tan rápido. Qué tal si esto se aprueba con un quórum de un 5% o 10% de la comunidad universitaria. Eso no es lógico para una universidad estatal. Además, un referéndum en un solo día y presencial. La carta fue con copia a distintas entidades. Nos respondió hablando de la co-construción e intentando reinventar el lenguaje. Después enviamos al consejo académico un recurso de revisión e invalidación, porque ellos -además- dentro de la readecuación estatutaria, se auto colocan en el consejo superior. Es decir, dicen que van a ser parte de esa instancia. Entonces, eso atenta contra la probidad. No es posible que un funcionario público haga actuaciones que vayan en su propio beneficio. Es decir, allí se estaría violando la probidad administrativa. Por este motivo, también incorporamos un recurso de impugnación al Tricel de la universidad, donde pedimos suspender el proceso. Hasta el momento, no hemos tenido respuesta. Hemos pedido cambiar la fecha, porque esto es muy apresurado. Tenemos un año más de tiempo, hasta junio de 2022, mejor que sea respetando lo que piensan las bases. ¿Ese apuro de dónde surge? Hay algo que no se quiere expresar. Y si el Tricel no se pronuncia, vamos a solicitar a todas las bases que voten rechazo. Creemos que estamos siendo forzados a eso ante un proceso que no es el adecuado para una universidad del Estado”

¿No temen ustedes que convocar a rechazar equivalga a torpedear el proceso y, con ello, al final el Ministerio de Educación va a imponer un estatuto a la universidad?

“En estricto rigor, no necesariamente esto va a ocurrir ahora, porque tenemos hasta junio de 2022 para adecuar. Es decir, tenemos tiempo. Pero si así fuera, el estatuto tipo de las universidades ya lo tienen algunas que están trabajando al alero de esa normativa. Y sería interesante que todas las universidades del Estado tengan el mismo estatuto. En otros países es así.

Ese estatuto, a todas luces, es bastante mejor que el que nos están proponiendo. Nosotros preferimos el que redactó y elaboró el consejo asesor, sin ninguna duda, esa es nuestra primera opción. Pero de no ser ese viable, el estatuto tipo de las universidades del Estado no es, como lo han dicho por ahí, el estatuto de la vergüenza. El estatuto de la vergüenza es éste, el que no respeta la equidad de género, la participación, la inclusión y la ley en sus principios más fundamentales. Ese estatuto es una vergüenza y podría generar, en el futuro, problemas importantes.

Yo creo, y así lo piensan todos los académicos, que esta universidad no es nuestra. Nosotros somos actores que debemos responder frente a nuestros mandantes que son todos los ciudadanos. Necesitamos una universidad del siglo XXI, que limite las reelecciones, que libere los espíritus creativos, que no existan discriminaciones, exclusiones o persecuciones Una universidad que apunte hacia un futuro, en vinculación con el territorio al cual se debe, otorgando la mayor libertad a nuestros académicos y académicas, para que puedan proponer las mejores opciones. Por eso se justifican las universidades del Estado y s aportan tantos recursos en estas instituciones. Por ello, sus principios deben ser respetados”.