¿Qué es el Título de Dominio?
“Es el documento por el cual nuestra legislación le da a una persona el carácter de propietario de un espacio de terreno que se utiliza desde el punto de vista económico o de vivienda”.
¿Qué ocurre cuando no se tiene ese documento?
“En esos casos, las personas no son propietarios legales, por lo tanto, tampoco pueden acceder a beneficios a través de servicios públicos o ayudas de parte del Estado, por ejemplo, cuando ocurren emergencias”.
¿Cuál es la finalidad de regularizar esta situación?
“Es un mandato legal que tenemos en el Ministerio de Bienes Nacionales que tiene por objetivo entregar este Título de Dominio a las familias. Es la expresión del terreno propio”.
¿Cuál es el balance en esta gestión de cuatro años de Bienes Nacionales en el Maule?
“Estamos muy contentos del trabajo desplegado durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. En la región del Maule hemos podido entregar más de 3.500 Títulos de Dominio en las 30 comunas, lo cual es significativamente mayor al gobierno anterior, cuando se estuvo bajo pandemia, es decir, en un contexto muy distinto. Las condiciones de normalidad nos permitieron aumentar en mil el número de Títulos de Dominio entregados a las personas”.
¿Cómo se llevó a cabo esta labor?
“Fue un trabajo responsable efectuado en terreno porque existen muchos ciudadanos que no tienen conocimiento que existe un proceso de regularización”.
¿Cuál fue la estrategia?
“En 2022 impulsamos la sociabilización de este beneficio, para lo cual, nos desplegamos por la región en juntas de vecinos, sedes sociales, municipios y clubes deportivos, para impulsar a las personas a presentar sus solicitudes de regularización”.
¿Qué le dice la gente cuando recibe su Título de Dominio?
“La gente se emociona y se manifiesta muy agradecida, especialmente, si se trata de adultos mayores. Son historias de vida porque, detrás del documento, está la seguridad de que la casa propia va a pasar a los hijos o nietos. Entonces, le damos tranquilidad a las familias. Por eso nos llena de orgullo esta labor del Ministerio de Bienes Nacionales”.
¿Qué medidas se han adoptado para evitar estafas o engaños a las personas?
“El procedimiento de regularización se demora porque tienen etapas cuya finalidad es impedir que terceras personas manipulen el sistema para obtener algo que no es de ellos. Por eso somos tan rigurosos en el procedimiento legal con notificaciones e interacción con otros servicios públicos. Por eso nos demoramos.
Y lo segundo fue que el año 2025 impulsamos desde esta región una campaña para fortalecer la transparencia. La finalidad fue que las personas se informaran de sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales no recibimos dinero y quienes tienen que pagar lo hacen directo en el Banco Estado.
Ninguno de nuestros funcionarios recibe dinero. Tampoco quienes realizan trabajo en terreno y, además, nosotros no somos lo mismo que una notaría o un conservador de bienes raíces. Las fotocopias que entregamos tampoco se pagan. Con esta campaña se evitan actos contra la probidad”.
¿Hay seguridad que habrá continuidad de esta labor del Ministerio de Bienes Nacionales?
“Lo primero que debe saber la gente es que el Estado de Chile es democrático y muy responsable. Hemos dado notables ejemplos. En ese sentido, el proceso de regularización es de carácter legal, es un mandato, por lo cual esta labor se va a seguir realizando independiente del gobierno que lidere la administración del Estado.
En el gobierno del Presidente Gabriel Boric, nosotros focalizamos nuestro trabajo en aquellas personas que pertenecen a los estratos sociales más bajos, porque entendemos que allí puede estar la desinformación y es hacia quiénes debemos encauzar la labor, para que puedan seguir el camino de la regularización y, con ello, disfrutar de los resultados.
Otra labor que llevamos a cabo es la entrega de propiedad fiscal para distintos fines, donde se buscó beneficiar especialmente a juntas de vecinos o clubes deportivos. El Estado, en ese sentido, va a seguir administrando la propiedad fiscal”.
¿Qué ocurre con la labor de fiscalización en el Maule por el libre acceso a las playas?
“Debemos garantizar el acceso a las playas como bienes nacionales de uso público. En este sentido, el 30% de los accesos fijados por el Ejecutivo fueron propiciados por este gobierno. Esto demuestra lo que nos movilizó como gobierno para garantizar a los ciudadanos el acceso a las playas.
Además, impulsamos un cambio legislativo que busca entregar más facultades a los juzgados de policía local para aplicar multas y ordenar la reapertura de accesos que no sean públicos. En el Maule, la gente nos ve en terreno y reconoce que hemos visto los problemas en la primera línea, haciendo primar el diálogo para evitar conflictos”.
¿Cuál es su mensaje para la ciudadanía?
“Nosotros como Ministerio de Bienes Nacionales podemos actuar de mejor forma cuando tenemos denuncias formales. Por ello, convocamos a utilizar los procedimientos por escrito. Va a haber un cambio de gobierno y la acción del Estado debe continuar”.
