¿Cuál fue el anuncio?
En horas de esta tarde y a través de fuentes oficiales, la Fiscalía Regional del Maule confirmó la apertura de oficio -es decir, sin denuncia previa- de una investigación penal respecto a la Fundación Urbanismo Social y el actual SEREMI del MINVU Maule, Rodrigo Hernández.
¿Cuál es el contexto?
Fue a mediados de la semana pasada cuando parlamentarios del oficialismo y oposición exigieron aclarar un supuesto conflicto de interés, luego que trascendiera información sobre millonarios pagos desde la oficina del actual SEREMI, Rodrigo Hernández, en favor de la citada fundación donde ejerció funciones antes de asumir su actual cargo público.
¿Cuáles fueron las reacciones?
A través de redes sociales, el propio Rodrigo Hernández respondió señalando que se habría inhabilitado de las decisiones adoptadas en el MINVU Maule respecto de la fundación. Así quedó constancia en una nota publicada por Diario Talca y que se puede leer en el siguiente enlace: SEREMI del MINVU se defendió de acusaciones: «Me inhabilité formalmente» Luego se conoció la reacción del Delegado Presidencial Regional que se puede leer en el siguiente enlace de Diario Talca: Delegado Presidencial Regional: «Cualquier irregularidad será investigada»
¿Que ocurrió con la investigación de oficio?
Junto con confirmar dicho antecedente, desde la Fiscalía Regioanl se aclaró que todos los antecedentes reunidos fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Antofagasta, por cuanto allí se concentrarán las pesquisas relacionadas a fundaciones que se adjudicaron fondos del MINVU asociadas a figuras del partido oficialista Revolución Democrática (RD), donde Rodrigo Hernández tiene militancia política.
¿Cuál es la versión oficial del MINVU Maule?
En su última edición en papel Diario Talca publicó una versión oficial del MINVU Maule respecto a estos hechos y cuyo texto íntegro señala lo siguiente:
“A raíz de informaciones vertidas en redes sociales y comunicados de prensa sobre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, y el SEREMI, Rodrigo Hernández Fernández, se hace necesario declarar lo siguiente:
1. Se ha intentado relacionar a esta Secretaría Regional con la situación de la Región de Antofagasta y los convenios suscritos con la Fundación denominada “Democracia Viva”, cuestión que resulta total y absolutamente falsa. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule no existen contratos ni vínculo alguno con dicha institución.
2. Por otro lado, respecto de la Fundación Urbanismo Social –entidad existente desde el año 2009-, resulta imperativo señalar que el SEREMI de Vivienda y Urbanismo jamás fue parte de su directorio, ni socio. El único vínculo existente fue ser trabajador en dicha organización, relación que terminó al ser designado como Seremi de la Región del Maule.
3. Con respecto al proceso de licitación referido a esta Secretaría Regional Ministerial, se debe indicar que el año 2022 se publicó un proceso de licitación para la contratación de servicios de participación ciudadana en la que postuló la Fundación Urbanismo Social. Al conocer dicha circunstancia, el Seremi no sólo cumplió con el deber de abstención previsto en el artículo 12 de la Ley 19.880, sino que, más allá de la obligación legal, la autoridad resolvió de manera voluntaria declararse expresamente inhábil de conocer cualquier acto o fase administrativa que tuviese vinculación con la evaluación, selección, constitución de comisión técnica, contratación, o cualquiera otro acto administrativo asociado a la selección de ofertas en dicha instancia. Lo anterior, comunicado debidamente a través del Ordinario Nº 1087 de 30 de septiembre de 2022. Dicho proceso licitatorio tuvo estricto control tanto legal como material y ético: la inhabilidad no sólo se declaró para garantizar el cumplimiento de normas de probidad, sino, además, para asegurar la imparcialidad de la Institución en la evaluación de las ofertas.
4. Respecto de la contratación de la fundación en asentamientos precarios, es menester señalar que el protocolo vigente en la materia es el Manual de Procedimientos de Asignación y Transferencia de Recursos del Programa de Campamentos; resolución exenta Nº 8829 de 13 de noviembre de 2015, que señala que el mecanismo de contratación es el de convenio de transferencia de recursos. Dicho proceso está reglado y definido con anterioridad, e indica que la selección de las entidades responde exclusivamente a un análisis técnico de los equipos de campamentos de Serviu, y de campamentos de nivel central, donde la única participación de la Seremi es la suscripción final del convenio. Y en esta circunstancia, el Secretario Regional Ministerial volvió a cumplir con su deber legal, y aún más, volvió a superar el estándar de la norma, declarándose voluntariamente inhábil para evitar cualquier vinculación con la entidad seleccionada.
5. En ninguno de los casos ha existido participación alguna del SEREMI de Vivienda y Urbanismo, y en la suscripción específica de actos administrativos, se ha aplicado la subrogancia establecida por la normativa vigente; esto es, la Jefatura de Departamento de Planes y Programas de Vivienda y Equipamiento, y la Jefatura de Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura, ambos funcionarios de destacada trayectoria profesional, designados tras ganar concursos de Alta Dirección Pública el 4 de marzo de 2022, y el 12 de Octubre de 2021, respectivamente.
6. En definitiva, resulta imperativo señalar enfática y tajantemente que los procesos de contratación en el MINVU Maule se han realizado bajo un estricto control jurídico y más aún, ético. Es por ello que es inaceptable tratar de manera irrespetuosa y derechamente injuriosa con información falsa o tergiversada, a profesionales de nuestro servicio que continuamente aseguran el más alto nivel de probidad y garantía de aseguramiento de la fe pública.
7. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Regional queremos entregar una señal clara hacia la ciudadanía del Maule, reafirmando nuestro compromiso institucional y de nuestras autoridades regionales para avanzar en la implementación del Plan de Emergencia Habitacional y el Plan de Ciudades Justas”.
