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Augusto Varas: “Las FF.AA. no se encuentran consistentemente integradas al Estado”

La legitimidad del monopolio y uso de la fuerza es condición necesaria para la estabilidad de la nueva institucionalidad democrática que se intenta construir en Chile. Augusto Varas en “Legitimidad del monopolio y uso de la fuerza en Chile” (Editorial Catalonia, 2021), una exhaustiva investigación, aborda los desafíos de este relevante tema.

Augusto, ¿qué urgencia tiene un debate sobre las FF.AA. que Chile necesita?

“El actual proceso constituyente generará una nueva Constitución a partir de la cual se establecerán leyes que se derivarán de ésta. Temas como la defensa nacional y los roles de las FF.AA., normados por ley común, deben pensarse con una lógica que las haga parte del Estado chileno como corresponde en una democracia plena. El debate sobre las FF.AA. que necesita el país debe ser producto de una estrategia de defensa nacional propuesta por el Ejecutivo y aprobada en el Congreso, considerando los aportes de toda la ciudadanía, proceso que debe realizarse desde ya. Sin embargo, hasta el momento solo se cuenta con el decreto del  Ministerio de Defensa Nacional que ‘Aprueba Política de Defensa Nacional de Chile Edición 2020’ (Núm.4. Santiago, 4 de diciembre de 2020), el que no fue debatido ni aprobado apropiadamente”.

¿Qué se debe considerar en la eventual nueva Constitución para reinsertarlas plenamente en un Estado democrático?

“Para reinsertar a las FF.AA. en un Estado efectivamente democrático son necesarios cambios constitucionales, legales y administrativos.

Constitucionalmente se debe eliminar la noción de seguridad nacional que extiende el campo castrense a temas alejados de la defensa y descartar el rol constitucional de las FF.AA. como ‘esenciales para la seguridad nacional y que garantizan el orden institucional de la República’. En la nueva Constitución, dentro del capítulo sobre garantías constitucionales, únicamente se deberá establecer: ‘Las FF.AA. dependiente del Ministerio de la Defensa Nacional están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, son obedientes, no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas’. Las funciones y roles de las FF.AA deberán quedar solo en una ley común. Igualmente, se debe restablecer el pleno mando del Presidente/a de la República sobre las FF.AA. en tiempos de paz y de guerra, estableciendo que pueda ‘disponer de las FF.AA., organizarlas y distribuirlas de acuerdo a la Estrategia de Defensa Nacional formulada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional’”.

Y en relación a la facultad presidencial para designar y remover a los comandantes en jefe de las instituciones armadas…

Como derivación del mando superior presidencial, este debe poder ´designar y llamar a retiro a los jefes institucionales de las FF.AA. y conferir con acuerdo del Senado los grados de oficiales generales`. El Consejo de Seguridad Nacional debe ser reemplazado por un Consejo Asesor de Defensa Nacional. En la nueva Constitución el Congreso Nacional deberá tener facultades para: aprobar la estrategia de defensa; supervisar y aprobar periódicamente el presupuesto de defensa y la utilización de los gastos reservados, proponer cambios y alternativas más eficientes y eficaces; supervisar el tipo y contenido de las relaciones militares internacionales, las actividades de inteligencia exterior, y el secreto militar; supervisar los contenidos de la educación militar y su adecuación a las normas nacionales e internacionales de derechos humanos; y vigilar la efectiva integración de la mujer y no discriminación en las FF.AA. El uso de la fuerza militar fuera de la defensa debe ser excepcional y solo en caso que las instituciones civiles o policiales encargadas se encuentren sobrepasadas y se declare un estado de excepción constitucional. Las Operaciones de Paz deberán ser incluidas como acción permanente”.

¿Qué cambios haría para su financiamiento?

“La Ley del Cobre que le entregaba un 10% de las ventas de CODELCO a las FF.AA. fue modificada en septiembre de 2019, creándose dos fondos, el de capacidades estratégicas y el de contingencia, los que tienen un piso inmodificable. Eliminaría ambos fondos de manera de considerar todo gasto militar en la ley anual de presupuesto, la que debe estar en consonancia con la estrategia de defensa nacional antes mencionada, de manera que gasto militar y políticas de defensa y FF.AA. sean consistentes entre sí”.

¿Cómo se debe concebir la noción de seguridad nacional en los tiempos actuales?

“Se debe eliminar esta noción, nunca definida. Se deberá separar la defensa nacional de la protección del orden público entendido éste como la protección del pleno goce de los derechos ciudadanos, tal como lo han definido la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional”.

Abrupta caída de la confianza pública

Augusto Varas Fernández es doctor en sociología por la Washington University (St.Louis, Estados Unidos). Ha sido investigador de Flacso – Chile, asesor del Ministerio Secretaria General de la Presidencia y del Ministerio de Defensa, representante de la Fundación Ford en la región andina y cono sur y profesor en las universidades de Duke, Nort Carolina, Wisconsin en Estados Unidos y del Instituto Universitario Ortega y Gasset en Madrid. Actualmente es presidente del directorio de la Fundación Equitas en Chile.

Augusto, postula que las instituciones armadas se reformularon post 1973. ¿De que forma lo han hecho?

“Estas fueron refundadas a partir de la Constitución de 1980 y la Ley Orgánica Constitucional de febrero de 1990, constituyéndolas en poder de seguridad y a la seguridad nacional como su doctrina. Junto a estos cambios constitucionales, en dictadura se aprobó una serie de leyes que le dieron una plena autonomía corporativa a estas instituciones, entre otras, la Ley 18.712 (junio, 1988), ‘Estatuto de los servicios de bienestar social de las FF.AA.’, que las ha transformado en empresas inmobiliarias y de servicios al ser autorizados para vender o adjudicar terrenos y viviendas al personal de las instituciones o a particulares. Los ingresos generados no van al tesoro público, quedan en las FF.AA”.

Los recientes escándalos de probidad en las FF.AA. ¿Cuánto dañan su imagen?

“De acuerdo a Latinobarómetro, ‘las FF.AA. habían logrado mantener sus niveles de confianza a lo largo de las últimas dos décadas de manera bastante estable, contaban entre el 50% y el 60% de confianza de parte de la población. Entre 2018 y 2020 se produce una abrupta caída de confianza de 53% a 32%. Ello por los escándalos de corrupción en que han visto involucrados altos miembros del Ejército y la malversación de fondos públicos de la institución’ (Latinobarómetro, 2021:47). En las condiciones constitucionales, legales y administrativas en que actualmente se encuentran las FF.AA. éstas no se encuentran consistentemente integradas al Estado que tenemos y menos a uno plenamente democrático”.

¿Un nuevo Ejército?

Tras el estallido social del 18 de octubre del 2019, el Presidente Piñera señaló: «Estamos en guerra contra un enemigo poderoso». Poco después, el Jefe de la Guarnición de Santiago, general Javier Iturriaga precisó que: «No estaba en guerra con nadie, que era un hombre feliz». ¿Cómo debe leerse esta diferencia absoluta de apreciación entre el presidente de la república y un subordinado?

“Tal como lo señalé anteriomente, la autonomía corporativa de las FF.AA. permite este tipo de confrontaciones sin mayores consecuencias”.

En un reciente encuentro con profesores, Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, señaló que durante los siglos XIX y XX el Ejército había sido un protector de la elite dominante, algo que no ocurrió tras el estallido social del 18 de octubre que se negó a salir a las calles. ¿Es acaso un nuevo Ejército?

“No tengo evidencia confirmada para afirmar que tras el 18/O las FF.AA. se habrían negado a reprimir con mayor fuerza, solo se puede especular que Punta Peuco gravita en su interior. Respecto a su rol político, las FF.AA. tuvieron un papel progresista anti oligáquico  a fines del siglo XIX con el movimiento de los jóvenes oficiales nucleados en torno al programa Nuevo Chile. Los entonces capitanes Carlos Ibáñez, Marmaduke Grove y Bartolomé Blanche, alumnos de la Academia entre 1912-1917, se nutrieron de esa nueva visión castrense. Asumiendo el poder como dictador Ibáñez (1927-1931)  -junto con reprimir y violar los derechos humanos- comenzó a implementar las políticas contenidas en el Nuevo Chile, fortaleciendo el rol del Estado, regulando el mercado, promoviendo la industrialización y protegiendo a los trabajadores. En suma, no siempre la intervención de las FF.AA. en política ha tenido el mismo signo”.

La fuerza militar, ¿sigue siendo un peligro para la sociedad abierta que queremos construir? 

“En las condiciones constitucionales, legales y administrativas en que actualmente se encuentran las FF.AA. estas no se encuentran consistentemente integradas al Estado que tenemos y menos a uno plenamente democrático. Desde esta perspectiva representan un escollo al pleno imperio de la democracia”.

El ayer

¿Cuán profundamente dañó a la sociedad chilena el golpe militar de 1973?

“De acuerdo a los informes de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Informe Valech), las 40 mil víctimas de la dictadura -incluyendo torturados, muertos y más de mil aún desaparecidos- es una herida profunda en el alma nacional. No reconocer este hecho explica que hasta el día de hoy se den provocaciones insensatas como la de un constituyente, ex edecán del dictador, que pretende ser una voz en la comisión de derechos humanos de la Convención Constitucional”.

¿Qué pasos se pueden dar para cerrar definitivamente las heridas de ese pasado?

“Ni olvido, ni perdón. Solo justicia efectiva. Información sobre los restos de los detenidos desaparecidos. Borrar honores a Pinochet como lo hicieron las municipalidades de Santiago y Temuco al quitarle la calidad de Hijo Ilustre de estas ciudades, entre otras medidas”.

¿La figura del general Pinochet es ya un pasado para el Ejército actual?

“Eso habría que preguntarle a los militares. La civilidad democrática gobernante debería borrarlo como referente válido de la historia institucional”.

¿Es partidario de una ley de amnistía para militares condenados por delitos de lesa humanidad, que estando encarcelados, quieren terminar sus días en sus casas?

“Amnistía de ninguna manera. Sobre los indultos, de acuerdo al abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, el actual ‘procedimiento de indultos y rebajas de pena se hace sin ningún control de los tribunales de justicia y con absoluto desconocimiento de los familiares de las víctimas’. Al respecto es necesario considerar que ‘la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) faculta al Estado para establecer atenuantes ‘para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona’ (Art. III). Sin embargo, las víctimas sostienen que los condenados no han demostrado jamás arrepentimiento, pedido perdón, ni entregado a la justicia datos que contribuyan a esclarecer la verdad y a dar con el paradero de los chilenos detenidos y desaparecidos por agentes del Estado’ (Marcia Scanteblury, “Logros poco estridentes”. Barómetro de Política y Equidad, Octubre 2017)”.

 

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