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Condenan a dos imputados por incendio frustrado de sede política

¿Cuándo ocurrieron los hechos?

Fue en agosto del año 2019 cuando se registró el segundo de los atentados incendiarios a la sede parlamentaria del senador por el Maule, Juan Antonio Coloma, ubicada en calle 1 Oriente con 5 Sur, en Talca, la cual en un posterior ataque fue saqueada y destruida por sujetos desconocidos en el contexto del denominado “estallido social”. A su vez, en el mismo mes de octubre, en los primeros días de movilizaciones, se registraron desórdenes públicos, saqueos e incendios en el remodelado edificio del Banco Santander y en las oficinas de la cooperativa Coopeuch, ambas ubicadas en calle 1 Sur, en esta misma ciudad.

¿Qué arrojó la investigación?

Al igual que otros numerosos casos criminales registrados en aquel contexto, especialmente, incendios intencionales que incluso destruyeron recintos emblemáticos en Talca como uno de los edificios del Centro Regional de Abastecimiento (CREA), la Fiscalía Regional decidió abrir una investigación de “foco criminal” a cargo de fiscales y detectives de la PDI. Para ello, se analizaron imágenes de cámaras de seguridad y publicadas en redes sociales, así como indicios de interés criminalístico recogidos en los sitios del suceso.-

¿Cuáles fueron los resultados?

Al poco tiempo de ocurridos estos hechos, los detectives comenzaron a detener a imputados que fueron formalizados por la fiscalía. Entre ellos, destacaron cinco imputados que fueron sindicados como supuestos responsables del incendio intencional en grado de frustrado a la oficina senatorial UDI, ocurrido en agosto de 2019, así como de los desórdenes públicos que derivaron en el saqueo a las sedes del Banco Santander y de la cooperativa Coopeuch.

¿En qué terminó esa causa criminal?

Entre marzo y abril del año pasado, luego que se agotara la investigación y tras la declaración voluntaria del imputado, Francisco Lizama Cruces, donde confesó su participación en una audiencia judicial, la fiscalía decidió cerrar la causa criminal, presentó acusación contra Lizama y el coimputado, Diego Toledo González, optando por no perseverar respecto a los restantes imputados. En paralelo, el Banco Santander y la cooperativa Coopeuch presentaron acusaciones particulares y demandas civiles exigiendo millonarias indemnizaciones por los daños materiales.

¿Cuál fue la resolución final?

El caso criminal finalmente no llegó a juicio oral, sino que terminó en un juicio abreviado en el Juzgado de Garantía de Talca, donde los imputados Lizama y Toledo aceptaron los hechos contenidos en la acusación de la fiscalía. De esta manera, Lizama fue declarado culpable y condenado a la pena de tres años y un día de presidio por incendio intencional en grado de frustrado y otras dos penas que suman 600 días por desórdenes públicos y daños en el Banco Santander y la cooperativa Coopeuch. Por su parte, el imputado Toledo fue sancionado con 541 días de presidio por incendio intencional frustrado a la sede parlamentaria UDI. Ambos condenados cumplirán sus condenas bajo la modalidad de libertad vigilada.

¿Qué ocurre con la reparación económica de los daños?

Aunque el Banco Santander y la cooperativa Coopeuch habían presentado demandas civiles para un eventual juicio oral, como el caso criminal terminó en un juicio abreviado, el tribunal no se pronunció respecto a dichas acciones legales. Los demandantes, en consecuencia, tienen plazo legal de 60 días para presentar demandas civiles en juzgados de letras de Talca. El fallo en el juicio abreviado fue decretado por la jueza, Isabel Salas, teniendo como partes acusadoras al fiscal, José Alcaíno, jefe de la denominada “fiscalía de foco”, y a los abogados querellantes del banco y la cooperativa. En contraparte, los imputados fueron representados por abogados particulares, esto es, el acusado Lizana por Mauricio González y el acusado Toledo por Iván Vidal.

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