¿Qué determinó la justicia?
Prisión preventiva fue la medida cautelar decretada por el Juzgado de Garantía de Talca en contra de un sujeto adulto de nombre Sergio Eduardo Crisóstomo Otaiza tras ser detenido por personal SIP de la Tercera Comisaría de Carabineros de Talca.
¿Qué delitos fueron formalizados?
Se trata de cuatro delitos de robo en lugar no habitado registrados durante el mes de noviembre en la zona céntrica de Talca.
¿Cuándo y dónde ocurrieron?
El fiscal, Paulo Rodríguez, con especialidad para investigar delitos contra la propiedad, explicó que los dos primeros casos ocurrieron los días 12 y 19 de noviembre, afectando a un restobar ubicado en la calle Diagonal Isidoro del Solar en Talca, donde se llevaron botellas de licor avaluadas en casi medio millón de pesos. El tercer caso ocurrió el 21 de noviembre en el CDT del Hospital Regional de Talca en cuya soficinas administrativas sustrajeron celulares y especies de valor. Y el tercer delito fue en las oficinas de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia, en calle 2 Norte con 2 Oriente, donde robaron computadores y otras especies todo valuado en casi cuatro millones de pesos.
¿Qué antecedentes conectaron al imputado con estos robos?
El fiscal explicó que, en los primeros dos delitos, las cámaras de seguridad del local comercial grabaron el rostro del imputad. Luego, en el CDT del hospital dejó abandonados dos zapatos que era los mismos que portaba cuando fue controlado por Carabineros tras un caso de hurto en un supermercado. Y en el último caso fue trabado por las cámaras de seguridad exhibiendo tatuajes en el brazo izquierdo.
¿Quién es el imputado?
El persecutor explicó que el detenido tiene condenas desde el año 2015 en adelante por delitos contra la porpiedad, agregando que a la fecha cumple medidas cautelares por causas pendientes.
¿Qué viene ahora?
A petición del fiscal, la jueza, Carolina Rojas, ordenó el ingreso del imputado a la cárcel de Talca y limitó en 45 días el plazo de la investigación. Por su parte, la Defensoría Penal Pública tiene plazo legal de cinco días para apelar de esta medida cautelar y llevar el caso hasta la Corte de Apelaciones de Talca.
