El reciente informe preliminar de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el sistema de educación superior ha reabierto una discusión tan necesaria como urgente: la efectividad, transparencia y equidad del modelo formativo chileno. El diagnóstico no deja a nadie indiferente. Según la FNE, casi cuatro de cada diez personas consideran que estudiar una carrera no resulta “rentable”, y las instituciones no siempre entregan información completa ni pertinente sobre empleabilidad, ingresos o tasas de deserción.
Sin embargo, sería un error interpretar este informe como una crítica directa a las instituciones de educación superior. En realidad, lo que la FNE pone sobre la mesa va mucho más allá: evidencia una profunda asimetría de capacidades entre quienes ofrecen, promueven y desarrollan educación, y quienes la buscan; todo esto en un contexto donde el Estado, el sector empresarial y las organizaciones sociales han asumido un rol excesivamente pasivo.
No basta con dictar más leyes, crear nuevos instrumentos regulatorios o publicar estudios sobre brechas profesionales. Lo que se requiere es una mirada integral de país, donde todos los actores —públicos y privados— se involucren activamente en la construcción de un sistema educativo más equilibrado, coherente y sostenible.
Las problemáticas señaladas por la Fiscalía —la falta de información útil, la fragmentación de la oferta y la desalineación entre formación y empleabilidad— no se explican solo por decisiones educacionales. Existen causas estructurales profundas: un mercado laboral desigual, industrias fragmentadas que privilegian la competencia sobre la colaboración, brechas territoriales persistentes, concentración de oportunidades en las grandes ciudades y políticas públicas que no dialogan con la realidad de los ecosistemas regionales.
En el CFT San Agustín, con más de 37 años de compromiso en la Región del Maule, hemos comprobado que Cuando la educación técnica y profesional se conecta con las necesidades reales de los territorios y se construyen vínculos sólidos con empresas, municipios y comunidades, surgen transformaciones concretas y sostenibles. Pero para que esto ocurra a gran escala, se necesita una alianza efectiva entre el Estado, el sistema educativo y el sector productivo y social, orientada al desarrollo humano, no solo a los indicadores económicos.
Aunque no sea el objetivo principal del informe, por primera vez una institución del Estado incorpora en su análisis conceptos como mercado, competencia o valor actual neto (VAN) en el contexto de la educación superior. Ello nos recuerda, sin embargo, que la educación no puede seguir midiendo su éxito únicamente por la “rentabilidad” de sus egresados. Su valor real está en la movilidad social, la cohesión comunitaria y la dignidad de las personas.
Formar a un técnico o a un profesional competente no es solo entregar conocimientos, sino brindar herramientas para construir una vida mejor y un país más equitativo.
Este debate adquiere aún más sentido en un contexto nacional en el que pronto elegiremos nuevas autoridades presidencial y parlamentarias. Es el momento de preguntarnos, como sociedad, qué modelo de desarrollo queremos impulsar y cuál será el lugar que otorgaremos a la educación en ese proyecto común.
El desafío, entonces, es asumir responsabilidades compartidas. La educación superior es, y seguirá siendo, una tarea colectiva. Solo desde el compromiso conjunto, la cooperación y la visión de futuro podremos avanzar hacia un sistema que forme personas libres, críticas y comprometidas con el bien común.
Sergio Morales Díaz
Rector CFT San Agustín
