De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), durante la pandemia por COVID 19 Chile tuvo 259 días lectivos (excluyendo las vacaciones, festivos y fines de semana) con sus escuelas cerradas, la cifra más alta de todos los países miembros.
Hoy estamos alarmados por los resultados del SIMCE: algunos hablan de terremoto; “hemos retrocedido diez años” han dicho otros. Efectivamente, los números son muy malos en matemáticas y malos en lenguaje. Pero lo cierto, es que tempranamente había conocimiento de las consecuencias negativas de la suspensión de clases.
En marzo de 2020 la UNESCO ya había advertido de los problemas que traería el cierre prolongado de las escuelas. Con esta información, muchos países decidieron implementar medidas menos drásticas que el cierre, pero que necesitaban más gestión, coordinación, planificación y descentralización. Detrás de esta forma de gestionar la crisis estaba la idea de que las escuelas, dada su importancia para la socialización, educación y bienestar emocional de niños y niñas, debía ser lo último que se cierra y lo primero que se abre.
En mayo de 2021, cuando ya era tarde, el MINEDUC hizo un control de daños de su política de cierre: impacto negativo en el nivel de logros de aprendizaje, disminución de la interacción social y de la estimulación, falta de espacios educativos para el desarrollo de habilidades prácticas y blandas, aumento en la exclusión escolar, efectos negativos en la salud mental, cambios de las dinámicas en el hogar, posible aumento del trabajo infantil y de las situaciones de violencia intrafamiliar y/o de abuso.
Dado que el gobierno de Piñera definió un modelo centralizado y sustentado exclusivamente en la responsabilidad individual/familiar para enfrentar la pandemia, desechando la posibilidad de las cuarentenas comunitarias, el cierre de los colegios implicó dejar a las familias todos los costos sociales de la crisis. Esto se hizo a sabiendas de que no todos los hogares tenían las mismas condiciones, ya sea por problemas de subsistencia cotidiana, hacinamiento, sobrecarga laboral al articular empleo y escolarización a distancia, situaciones de violencia, entre otros muchos aspectos.
Así, con el cierre prolongado de las escuelas y una lógica individual del cuidado, el Estado no sólo renunció a su labor de generar condiciones sociales colectivas para el bienestar, sino que también obstaculizó el despliegue de las redes comunitarias y locales, de las que las escuelas son parte fundamental. Como el perro del hortelano, que no come ni deja comer.
Francisco Letelier Troncoso
Sociología UCM
