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ENTREVISTA: “En Chile el libro hoy está en manos de intereses privados”

David Hevia, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, considera que los resultados de ese proceso progresivo de privatización de las letras están a la vista: según los estudios de la Universidad de Chile, el 84% de los chilenos no entiende lo que lee (por Gabriel Rodríguez Bustos)

David Hevia, actual presidente de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), será uno de los expositores en el III Encuentro Regional de Escritores a realizarse el sábado 12 de noviembre en el Parque Jerónimo Lagos Lisboa de la comuna de San Javier,

De profesión periodista, realizó estudios de posgrado en Filosofía en las universidades Complutense de Madrid y de Santiago.

Es autor de los poemarios “Historia de la desnudez” (2011), “Anoche el día” (2015) y “La canción del amor” (2018). Ha publicado también los libros de teoría “La belleza como demostración” (2013), “Citas para una historia de la educación” (2014) y “Estética” (2019), siendo su más reciente trabajo “La luna y las pléyades” (2021).

Ha ejercido como editor de los diarios La Época, El Metropolitano y La Tercera. Rector de Academia Libre y director de las gacetas Léucade y Alerce, su obra ha obtenido, entre otros reconocimientos, el primer lugar en los certámenes Artecien de Narrativa (1990), Juegos Florales de Valparaíso (1990), Juegos Florales de Santiago (1991), Safo (2011) y la Medalla Bicentenario, conferida en 2016 por la Academia de Letras por su aporte al desarrollo cultural.

 ¿En qué está la SECH en estos momentos?

“La Sociedad de Escritoras y Escritores de Chile se encuentra actualmente desplegando un fecundo proceso de apertura hacia el conjunto de la población, con miras a impulsar y fortalecer los derechos culturales, defendiendo, asimismo, los intereses de todas las organizaciones que agrupan a las trabajadoras y los trabajadores de la cultura. En esa línea, además, estamos dando importantes pasos en el ámbito de la descentralización, incorporando a representantes de regiones al directorio nacional, apoyando in situ el quehacer literario de mujeres y hombres que desenfundan la palabra, fundando filiales nuevas de la SECH en diversas zonas, promoviendo la creación de los premios regionales de literatura, profundizando el diálogo con las seremis de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y ampliando la interlocución también hacia el Ministerio de Educación y otras reparticiones públicas. Por otra parte, y conscientes del rol histórico que nos cabe en el desarrollo del país, con una organización que tiene 91 años de vida y avanza ya hacia su primer centenario, hemos creado una Escuela Nacional de Escritoras y Escritores, gratuita y abierta no solo a los integrantes de la SECH, sino también a toda la ciudadanía, con cursos, talleres y seminarios que aportan formación continua a los literatos y tienden un puente hacia las letras a aquellos que recién se acercan al arte de la palabra”.

¿Cómo ven las actuales políticas culturales?

“La SECH tiene al respecto una mirada crítica y a la vez una actitud propositiva. Cuestionamos profundamente el escenario actual, en función del cual se asigna a Cultura el 0,44% del presupuesto nacional, es decir, la quinta parte del mínimo de 2% que recomienda la UNESCO. Pero no solo discrepamos del misérrimo monto destinado a cultura, sino también del modo en que esos exiguos recursos son distribuidos. El Fondart, por ejemplo, cumple 30 años promoviendo una competencia insana entre creadores, instalando una concepción mercantil que en nada se relaciona con la obra y que no resuelve las más elementales necesidades culturales del pueblo. En ese sentido, es fundamental que las autoridades den un giro frontal al escaso margen de participación que se ha dado a los trabajadores de la cultura en la definición de las políticas públicas del sector. Por nuestra parte, hemos propuesto al actual gobierno la asignación directa de recursos a las organizaciones e instituciones culturales colaboradoras del Estado, pues los modestos fondos que ellas reciben hoy corresponden a convenios, es decir, a actividades oficiales realizadas; sin embargo, las organizaciones e instituciones culturales del país hacen mucho más que actividades: preservan y mantienen espacios culturales cuya existencia beneficia a toda la sociedad, muchos de los cuales, además, son edificios patrimoniales, cuyo sostenimiento implica grandes esfuerzos económicos. Hay, en definitiva, un abandono que requiere un urgente cambio, no solo en lo que toca a la situación de los trabajadores de la cultura, que no tienen estabilidad laboral, ni seguridad social ni salud, sino también en relación a cómo hoy las grandes mayorías están impedidas de participar y gozar de la cultura. La SECH desde ya está aportando al gobierno iniciativas que permiten transformar este estado de cosas en la futura ley sobre financiamiento de la cultura”.

¿Cuál es su diagnóstico de la situación del libro en Chile?

“En Chile el libro hoy está en manos de intereses privados, a un empresariado muchas veces transnacional, al que solo le interesa que el volumen se compre, lo que es muy distinto a decir que se lea. Y los resultados de ese proceso progresivo de privatización de las letras están a la vista: según los estudios de la Universidad de Chile, el 84% de los chilenos no entiende lo que lee, y de acuerdo con la investigación de la OCDE, solo el 2% en el país comprende bien lo que lee. Eso, desde luego, no es precisamente un Estado garantizando los derechos culturales de su población. Pero si esas cifras son crudas, ellas tienen un correlato igualmente tétrico en materia de obras publicadas. En Chile actualmente son publicados apenas 8.500 libros al año, con un tiraje promedio de solo 300 ejemplares; es decir, anualmente el país produce 1 volumen por cada 9 habitantes. El escenario en torno al libro es más sombrío cuando se aborda una serie de otros factores que agravan el círculo vicioso: un régimen escolar extenuante, que genera animadversión temprana a la lectura; una concentración mediática que tiende a reducir y banalizar el espacio cultural; una crítica literaria que en general margina de sus comentarios las obras de escritoras, y una legalidad que convierte al libro en el artefacto cultural más caro de su tipo en el planeta”.

¿Sería relevante eliminar el IVA a los libros?

“Sería muy relevante. Resulta impresentable que un país subdesarrollado y con tan alta desigualdad social y pobreza exhiba el impuesto más alto del mundo en la materia. Ello no se condice con la tradición lectora que tuvo Chile, ni menos con la urgente necesidad que tenemos de convertir al libro en una herramienta asequible, que enriquece el acervo, facilita el disfrute cultural, desata la imaginación y brinda sustento a las ideas de la ciudadanía”.

¿Qué otras iniciativas favorecerían la lectura, en especial de los escritores chilenos?

“Hay varias medidas importantes que contribuirían a ese objetivo. En primer lugar, el Estado debe volver a contar con una editorial propia, pues la experiencia señera de Quimantú habla por sí sola: en solo dos años de existencia, vendió más de 11 millones de volúmenes, para una población de 10 millones de habitantes, la mitad que la actual. ¿Cómo fue posible ese proceso? Primero, porque la editorial fue fruto de una alianza entre los trabajadores y el Estado. Segundo, porque los altísimos tirajes para cada título, de 50 mil o más ejemplares, abarató considerablemente los costos de producción, y ello, sumado a que la institucionalidad misma se convirtió en un expedito circuito de distribución del libro, abarató radicalmente el precio de venta al público. Tercero, y esto es fundamental, porque focalizó su cometido en la publicación de grandes obras de la literatura nacional y universal, que es algo muy distinto de lo que suele verse hoy en las vitrinas del país. Otra medida relevante a adoptar es que la red pública de bibliotecas de Chile vuelva a funcionar, como antaño, en días y horarios compatibles con la realidad de los trabajadores para. Es, igualmente, imprescindible multiplicar el cometido de bibliobuses, que puedan llegar con material bibliográfico a cada rincón del país, de manera que la lectura se convierta en parte del paisaje cotidiano del territorio. Por otra parte, si queremos realmente que las nuevas generaciones vuelvan a ser, como hasta hace medio siglo, grandes lectoras, hay que tomar en cuenta dos asuntos esenciales: uno, poner término a la enajenante doble jornada escolar, porque leer es algo que se hace con tiempo, no con cansancio; dos, poner en valor el Premio Nacional de Literatura, reinstalando la obra de los galardonados, como era tradición, entre las lecturas referenciales del currículo escolar, pues ello aporta identidad y pertinencia al libro. Los resultados de Chile en materia lectora generan un efecto dominó sobre la capacidad de comprender problemas de matemáticas y de ciencias, y para contrarrestar esa situación es imprescindible sistematizar experiencias de formación lectoescritora en cada comuna, en cada barrio. Las escritoras y los escritores de la SECH estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, aportando con talleres allí donde nos resulta humanamente posible hacerlo. ¿Nos aportará el Estado en esa tarea, que debe ser compartida y mancomunada?”.

¿Qué relevancia tiene el Premio Nacional de Literatura en el actual contexto?

“Quisiera reflexionar en torno a cuánto hemos retrocedido como país en materia de participación en la definición de políticas públicas de cultura. La SECH creó el Premio Nacional de Literatura, que, convertido en ley, se otorgó por primera vez hace 80 años, en 1942. Desde entonces, la SECH integró el jurado junto al ministro de Educación y al rector de la Universidad de Chile. Luego, en 1960, una reforma a la ley elevó a dos los representantes de nuestra organización en el jurado. En 1992, sin embargo, una nueva modificación borró a la SECH del jurado, y en 2017, al ampliarse a siete el número de miembros que dirime el galardón, la SECH siguió excluida. Paralelamente, otra circunstancia agravó la situación: desde 1974, el Premio Nacional comenzó a ser entregado cada dos años, poniendo fin a la histórica anualidad del mismo. Así, en la práctica, cada cuatro años se concede la distinción a un poeta y cada cuatro años a un narrador, por lo que muchos creadores mueren sin el merecido reconocimiento a su labor. Este año correspondía a un narrador la presea: ¿hubo narradores en el jurado? Lamentablemente, eso no es todo. La SECH tampoco tiene participación en el plantel que define las compras públicas de libros que van a las bibliotecas del país. ¿Será que los escritores no tienen nada que decir al respecto? Por último, recordemos que el gobierno anterior intentó aprobar una Ley del Patrimonio sin consultar a los pueblos originarios, como exige la OIT, pero además excluyendo del Consejo de Monumentos a la SECH y a otras organizaciones de los trabajadores de la cultura. Afortunadamente, la iniciativa fracasó, y es importante revertir la tendencia a la exclusión, pues sin participación la democracia pierde su auténtico sentido”.

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