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Escandaloso: funcionaria del Servicio de Registro Civil se apropió de 24 millones

Juzgado de Garantía de Cauquenes decretó la medida cautelar de prisión preventiva a petición de la fiscalía local

¿Qué resolvió la justicia?

El Juzgado de Garantía de Cauquenes dejó hoy – jueves 3 de agosto– sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva a Liliana del Pilar Ríos Concha, imputada por la fiscalía local como autora del delito consumado de malversación de caudales públicos, perpetrado desde 2019 y 2023, en la oficina del Registro Civil de la ciudad, donde ejercía como funcionaria.

¿Qué pasará con la imputada?

En la audiencia de formalización (causa rol 738-2023), el juez, Esteban Inostroza Ruiz ordenó el ingreso en prisión de Ríos Concha, por considerar -tal como lo planteó el fiscal, Francisco Ávila- que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. También se fijó en tres meses el plazo de investigación.

¿Como ocurrieron los hechos investigados?

La fiscalía y la PDI de Cauquenes detectaron que, desde el año que asumió funciones y hasta el 18 de mayo de 2023, Ríos Concha recibió el pago en efectivo de 879 transferencias de vehículos realizadas en las notarías de Cauquenes. Sin embargo, no ingresó al sistema de registros los contratos y dineros, logrando sustraer una suma superior a los $24.000.000; quedando, además, sin concretar las inscripciones de las transferencias de los vehículos.

¿Qué dijo el fiscal a cargo de la investigación?

”El Ministerio Público formalizó y comunicó cargos por el delito de malversación de caudales públicos y que consiste en la apropiación que la funcionaria efectuó del dinero proveniente de las notarías, en específico de las transferencias de vehículos que debían ingresar al registro civil y de esta forma efectuar la inscripción en el registro nacional de vehículos motorizados. Estas transferencias no efectuadas, no inscritas y con el dinero pagado por parte de los contribuyentes asciende a un total de 879 contratos y un monto de 24 millones de pesos. De esta forma, la fiscalía -de manera muy rápida y apenas conocidos los hechos-, dispone la toma de declaraciones a notarios, funcionarios del Registro Civil y otros intervinientes, pudiendo establecer que la imputada había efectuado esta sustracción de los caudales públicos y por ende caía en la hipótesis de malversación y por la cantidad supera las 40 Unidades Tributarias Mensuales, lo que agrava el delito. Por todo ello el Ministerio Público pidió la prisión preventiva”, afirmó el persecutor.

¿Qué viene ahora?

El abogado de turno de la Defensoría Penal Pública de Cauquenes se opuso a la solicitud de medida cautelar realizada por la fiscalía, argumentando que no existían pruebas para acreditar los hechos formalizados. Tras la audiencia, la defensa cuenta con plazo legal de cinco días para presentar apelación y, con ello, solicitar la revisión de la medida cautelar ante la Corte de Apelaciones de Talca.

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