Los actuales Gobiernos Regionales carecen de una serie de atribuciones que no tienen, producto de una Ley que no se las entregó, pero que hoy siguen siendo realizadas y radicadas en las Instituciones del Estado. En ese contexto, los Gobernadores se han encargado de dejar claro a la ciudadanía, que no tienen las capacidades suficientes para realizar las acciones ejecutivas que requiere una autoridad elegida democráticamente porque el legislador no se las traspasó. Esto genera una discusión que se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, que sean los Gobernadores quienes deban realizar esas acciones, lo que per se, no asegura que el solo traspaso de esas responsabilidades asegure una buena gestión, pero ese es otro debate.
Pero no nos perdamos, la misma Ley que no les entregó ciertas atribuciones, les entregó una cantidad no despreciable de recursos financieros y atribuciones para elaborar la Estrategia de Desarrollo Regional. En ese contexto y teniendo en consideración la realidad mundial y nacional relativa al cambio climático, es de toda lógica que el centro de gravedad de esa estrategia debiera ser la disminución de las vulnerabilidades territoriales asociadas a los desastres.
Para lo anterior, es necesario que los Gobiernos Regionales hagan alianzas con los Gobiernos Comunales y entidades privadas emplazadas en el territorio, de tal manera de enfrentar esta realidad mundial con una gobernanza integrada. Un desastre es un riesgo mal gestionado y la gestión es una acción humana, que en este caso es una acción del Estado, por lo tanto, si se desarrolla oportunamente permite disminuir las vulnerabilidades al aumentar la resiliencia comunitaria, de tal manera que el impacto de un desastre sea menor como consecuencia de una mejor preparación para la emergencia y de un incremento de la mitigación de las vulnerabilidades identificadas en el territorio.
Las normativas legales existentes entre otras (Ley Senapred/Sinapred; Ley Cambio Climático; ley Gobierno Regional; Ley Orgánica de Municipalidades) permiten lo planteado precedentemente, pero requiere que todas las herramientas legales se integren tras una gobernanza cuyo centro de gravedad esté relacionado con el principal problema que tiene Chile y el mundo en relación al futuro próximo, es decir la adaptación (y mitigación) al cambio climático, que en el caso de los desastres, se realiza mediante la disminución de las vulnerabilidades territoriales.
De no actuar en consecuencia, desastres que serán cada vez más frecuentes, como los incendios del verano o los desbordes de ríos, sequía, aluviones y otros asociados al cambio climático, seguirán impactando de manera más destructiva ante la falta de acciones de prevención, sobrepasando con creces a los organismos de respuesta, lo que afectará de manera creciente a gran parte de la población del país, y dentro de esta como siempre, a los más vulnerables socialmente.
Rodrigo Ortiz Jara
Exsubdirector de Gestión del Riesgo
ONEMI/SENAPRED
