
¿Quién realizó la solicitud?
Fue el abogado, Fernando Leal, en representación de las dos víctimas y como parte querellante, quien presentó una acusación particular en contra del suboficial mayor de Carabineros, Carlos Eduardo Arriagada Alarcón, quien tiene actualmente la calidad de acusado como supuesto autor material de disparos con escopeta institucional que causaron lesiones a dos mujeres.
¿Cuándo y en qué contexto ocurrieron los hechos?
Los hechos ocurrieron con apenas dos horas de diferencia el 28 de octubre de 2019, esto es, en el contexto del denominado «estallido social», cuando milers de personas realizaban protestas y manifestaciones en todo el país. En Talca, las masivas marchas se llevaban a cabo a diario, pero daban paso a incidentes violentos y enfrentamientos entre encapuchados y personal de Carabineros.
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¿Cómo ocurrieron estos casos?
En estos dos casos, el mismo imputado habría utilizado una escopeta antimotines para disparar sin mediar ataque inmediato o agresión inminente contra las víctimas, esto es, dos mujeres que, en lugares distintos, estaban participando legítimamente en las protestas, sin que se les atribuyan agresiones o ataques al personal policial. Las víctimas, debido a los pedigones, sufrieron lesiones de carácter grave y secuelas psicológicas.
¿Qué hizo la fiscalía?
El fiscal, Ángel Ávila, investigó los hechos con detectives de la PDI, llegando a la convicción de la presunta responsabilidad del suboficial mayor de Carabineros, por lo cual, procedió primero a la formalización de la investigación y posterior acusación. Allí el fiscal sostiene que los hechos corresponden a dos delitos de lesiones graves y, por ello, exigió penas individuales de 3 años de presidio. A su vez, el fiscal reconoce irreprochable conducta anterior y que el imputado cometió el delito en calidad de funcionario público.
¿Qué ocurrió con la parte querellante?
En el plazo legal, atendido que la audiencia de preparación de juicio oral fue reprogramada para el 10 de enero próximo, el abogado Legal presentó acusación particular, donde si bien coindice en el relato de los hechos que plantea la fiscalía, sostiene que la responsabilidad leal del imputado corresponde a dos delitos de apremios ilegítimos, por lo cual, exigió la pena individual de 4 años de presidio.
¿Qué ocurre con la reparación por el daño moral?
Si bien no presentó demanda civil en el contexto de la misma acusación, se espera que la parte querellante presente una demanda civil ante los tribunales de letras de Talca, pero una vez terminado el juicio oral y posterior a la sentencia.
¿Qué viene ahora?
Se espera, por el momento, que la parte querellante correspondiente al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) resuelva si se adhiere a la acusación de la fiscalía o bien presenta una acusación particular.
¿Y qué pasa con la defensa?
En esta fase no existe intervención de la defensa del imputado. Pero sí tendrá un rol protagónico en la audiencia de preparación de juicio oral, ya que allí debe exponer sus pruebas testimoniales, periciales y documentales.