¿Cuál fue la denuncia?
El diputado por Talca y Curicó, Alexis Sepúlveda (Partido Radical), señaló de forma enfática que “el gobierno ha incumplido sus compromisos con la emergencia” en la Región del Maule, donde se registraron una serie de graves daños en variada infraestructura producto de las inundaciones».
¿Cuál es el contexto?
En ese sentido, señaló que “acá se les dijo a los alcaldes y a los contratistas locales que hicieran trabajos para poder atender la emergencia de las inundaciones y que se les iba a pagar pronto, pero estamos ya terminando el año y aún no se les paga. Aún no se pagan los Informes Alfa. Esto ha sido un pimponeo entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda”.
¿Cuál es la queja política?
A juicio del parlamentario “esto ya no resiste más”. Según explica “los alcaldes tienen que estar dando explicaciones a los contratistas sobre obras que se realizaron, trabajos que se hicieron, y que hoy día no están cancelados”.
¿Qué se demanda?
“Yo exijo al Gobierno una pronta solución porque esto le quita credibilidad cuando el Gobierno dice ‘hagan, avancen que nosotros vamos a cubrir’. Si tuviéramos una emergencia en el futuro, la verdad es que no tendríamos la ayuda de estos cientos de contratistas que hicieron los trabajos para contener los graves daños que tuvimos por las inundaciones”, finalizó.
¿Cuándo se denunció?
Fue el diputado, Jorge Guzmán (Evópoli), junto al alcalde de Pelarco, Bernardo Vásquez, quienes realizaron esta denuncia afirmando que la deuda alcanzaría los $4.000 millones. Según explicaron, se trata de obras generadas en el contexto de las inundaciones encargadas a contratistas en cada comuna, cuyo pago fue comprometido por el Ministerio del Interior a través de las Delegaciones Presidenciales Regionales.
¿Dónde se gestionaron recursos?
Ocurre que, en fecha reciente, la Dirección de Presupuesto le solicitó una importante transferencia de $2.000 millones al Gobierno Regional del Maule proveniente de fondos para emergencias, con la finalidad justamente de cancelar estas deudas, según explicó la propia Gobernadora Regional del Maule, Cristina Bravo, ante el Consejo Regional (CORE) del Maule que debió aprobar este traspaso.
