¿Qué ocurrió?
Fue hace dos semanas cuando el joven militar, Bryan Castillo, de dotación del regimiento de infantería de Talca, sufrió un grave accidente de tránsito cuando fiscalizaba el toque de queda en la ciudad de Curicó. El soldado e instructor fue atropellado por una mujer que viajaba a exceso de velocidad, cuya consecuencia fue la pérdida traumática de sus extremidades inferiores.
¿Qué hizo la fiscalía?
La fiscalía de Curicó, en virtud de un preinforme de la SIAT de Carabineros, decidió pasar como detenidos al Juzgado de Garantía de Curicó tanto a la conductora del automóvil particular -de nombre Nicol Valeska Orrego Vidal- como al chofer del camión militar donde viajaba la víctima, siendo ambos formalizados por cuasidelito de lesiones graves y se decretó la medida cautelar de arraigo nacional, con fecha 9 de enero.
¿Qué consecuencias tuvo esta decisión?
El propio comandante en jefe del Ejército criticó a la fiscalía de Curicó y anunció que la defensa del chofer militar -de nombre Luis Ahumada Guajardo- sería asumida por el auditor general del Ejército, Eduardo Rosso. A su vez, el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, salió a responder al Ejército y calificó las críticas como inaceptables y desinformadas.
¿Qué hizo el Ejército?
El auditor general presentó una apelación a la medida cautelar de arraigo nacional decretada contra el chofer militar por el Juzgado de Garantía de Curicó a petición de la fiscalía local, por estimar que no está acreditada su supuesta responsabilidad en los hechos investigados. Así el caso llegó a la Corte de Apelaciones de Talca, donde este lugar se llevó a cabo la audiencia virtual con la participación de la fiscalía de Curicó, la defensa de ambos imputados y la parte querellante.
¿Fue la única apelación?
No. La parte querellante, es decir, en representación del militar atropellado, también presentó recurso de apelación, pero contra la medida cautelar de arraigo nacional decretada contra Nicold Orellana para solicitar otra de mayor gravedad.
¿Y qué resolvió la Corte?
En fallo unánime, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Talca resolvió confirmar la medida cautelar contra Nicold Orellana y revocar la misma medida cautelar decretada contra Luis Ahumada, el chofer del camión militar. El dictamen lleva la firma de los ministros Moisés Muñoz y Marta Asiaín (s), junto al abogado integrante, Guillermo Monsalve.
¿Qué argumentos tuvo el tribunal?
Respecto al caso del chofer militar, la Corte estimó que «de los antecedentes hasta ahora allegados a la investigación no existen elementos de juicio suficientes para imponer alguna medida cautelar personal en contra del imputado Luis Ahumada Guajardo por lo que se enmendará lo resuelto a su respecto».
Y en cuanto a la imputada, Nicold Orellana, la Corte concluyó que «al no haberse debatido en primera instancia la imposición de una medida cautelar más gravosa que el arraigo nacional, resulta improcedente agravar su situación procesal en los términos impetrados por el querellante, sin perjuicio del derecho de este último a solicitar la sustitución de la referida cautelar por aquella que estime pertinente».
¿Qué comentó la Fiscalía Regional?
Diario Talca se contactó con comunicaciones de la Fiscalía Regional donde se indicó que no habría declaraciones por el momento en torno a esta decisión de la Corte de Apelaciones de Talca.
