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Formalizan a mayor de Carabineros por disparar contra manifestante

¿Quién es el imputado?

Se trata de Jaime Mansilla, mayor de Carabineros al momento de los hechos, esto es, el 25 de octubre de 2019. En aquella jornada, el imputado portaba una escopeta antimotines que constituye un arma no letal, cuyo uso está regulado por los protocolos de Carabineros.

¿En qué consistió la formalización?

El fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, explicó que los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Uno Oriente con Uno Norte, a un costado de la municipalidad de Talca, en horas de la tarde del 25 de octubre de 2019, esto es, en el contexto del denominado “estallido social”. El persecutor explicó que personal de Carabineros concurrió al lugar portando bombas lacrimógenas y armamento no legal, en respuesta a

¿Qué hizo el imputado?

El fiscal explicó que, en el uso de sus funciones y mientas un adolescente de 17 años que estaba en el lugar sin utilizar elementos contundentes y tampoco ejecutar conductas que constituyeran agresiones activas a terceros, el imputado percutó su arma en contra del adolescente a una distancia de 15 metros, disparando en dirección a las piernas de la víctima.

¿Cuáles fueron las lesiones?

Según el informe médico, el menor sufrió diez lesiones de perdigones, entre ellas, dos en el muslo izquierdo, una en l apierna izquierda, cuatro en el muslo derecho, uno en la rodilla derecha y dos en la parte inferior de la misma pierna.

¿Qué delito fue formalizado?

El fiscal presentó cargos criminales por el delito de apremios ilegítimos, anunciando que solicitaría medidas cautelares. Pero la jueza, Marta Asiaín, del Juzgado de Garantía de Talca, se inhabilitó de seguir conociendo la causa y suspendió la audiencia, la cual fue reprogramada para el 30 de junio, cuando se discutirán las medidas cautelares que podría solicitar la fiscalía.

¿Cómo comenzó la investigación?

Los hechos fueron denunciados a través de una querella interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Sin embargo, al inicio de la audiencia y a solicitud de la Defensoría Penal Pública, el tribunal decretó la exclusión del INDH del caso criminal por estimar que no cuenta con facultades para intervenir judicialmente.

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