¿De qué se trata la investigación?
Se trata del suboficial de Carabineros, Carlos Eduardo Arriagada Alarcón, de dotación de la Prefectura de Carabineros de Talca, quien se encuentra formalizado, acusado y a pronto de enfrentar un juicio ante el Tribunal Oral en lo Penal de esta misma ciudad, por hechos ocurridos en el contexto del denominado «estallido social» en octubre del año 2019, cuyas víctimas fueron dos jóvenes que resultaron lesionadas por perdigones de una escopeta disparada por el funcionario policial.
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¿Cuándo y cómo ocurrieron los hechos?
Todo ocurrió el día 28 de octubre de 2019, en horas de la tarde, cuando una de las jóvenes caminaba de vuelta de haber participado en protestas en la Plaza de Armas de Talca, momento en que al salir de una farmacia, en pleno centro de esta ciudad, fue objeto de disparos por parte del imputado desde un bus donde viajaba personal de Control de Orden Público (COP). La segunda víctima fue una joven que tomaba fotografías de incidentes ocurridos en calle 2 Sur, donde llegó el imputado a bordo de una camioneta de Carabineros y le disparó a la afectada a corta distancia. Ambas víctimas sufrieron lesiones y daño moral debido a los graves hechos.
¿Qué ocurrió con el carabinero?
El suboficial Arriagada fue formalizado por la fiscalía de Talca por estos dos hechos y, tras el término de la etapa de investigación, el Ministerio Púbico presentó una acusación en su contra como presunto autor del delito de lesiones menos graves, exigiendo una condena de tres años de presidio menor por cada delito, así como la pérdida del cargo público durante el tiempo de cumplimiento de la sanción.
¿Qué ocurrió con la parte querellante?
En esta investigación existen dos partes querellante, esto es, el abogado, Fernando Leal, como representante de las víctimas, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En primera instancia, fue el abogado Leal quien presentó acusación particular en contra del suboficial de Carabineros por dos delitos de apremios ilegítimos, con la agravante de haber cometido los hechos siendo funcionario público y con la atenuante de irreprochable conducta anterior. Por ello, solicitó una sanción de cuatro años de presidio por cada delito, sumándose a la prueba testimonial y pericial ofrecida por la fiscalía.
¿Y qué hizo el INDH?
El INDH en el Maule también presentó una acusación particular, compartiendo los términos de la otra parte querellante, es decir, por dos delitos de apremios ilegítimos y exigiendo una condena individual de 4 años de presidio, además de la suspensión del cargo público.
¿Qué viene ahora?
Para el próximo lunes 10 de enero está programada la audiencia de preparación de juicio oral ante el Juzgado de Garantía de Talca, ocasión en que la defensa del imputado -a cargo de abogados de la jefatura de zona Maule de Carabineros- presentarán el listado de pruebas que llevarán al juicio. Luego, el Juzgado de Garantía redactará el denominado «auto de apertura» y el caso pasará al Tribunal Oral de Talca para fecha del juicio.