La economía política y el impacto que genera la intervención del Estado en la economía nacional no solo comporta decisiones de política monetaria y fiscal, del todo evidentes y con gran sesgo expansivo durante la presente pandemia, sino que también conlleva implícitamente una serie de señales que se transmiten en el actuar de las autoridades, las medidas que implementan, sus mensajes y la forma en que estos se entregan a la ciudadanía.
Por ello, parece del todo pertinente, desde la economía política, evaluar el rol del Estado en las percepciones colectivas de “seguridad o inseguridad” y el comportamiento psicosocial que se pueda estar manifestando en nuestro país, dada la actual crisis sanitaria y socioeconómica.
Un reciente artículo sobre economía política de histeria masiva da cuenta, a nivel global, de parte de este fenómeno. La investigación analiza la incidencia del Estado en la propagación del pánico colectivo dependiendo del modelo de Estado y el sistema económico imperante, concluyendo que Estados más centralizados, garantes de la seguridad social y protección colectiva, con fuerte planificación social y reasignación de los recursos, pueden generar medidas y señales más restrictivas, gravitantes e incidentes que podrían contribuir en propagar, en mayor medida, el pánico colectivo. En cambio, Estados con modelos y sistemas económicos más liberales, centrados en la protección de los derechos de propiedad privada, como es el caso de Chile, tendrían menor probabilidad de influir en la histeria masiva.
Esto último, se explicaría dado los mayores espacios de libertad de producción y consumo que posibilitaría una denominada “autocorrección” del comportamiento individual y social de las personas frente al riesgo de contagio, descomprimiendo en alguna medida la ansiedad y la tensión psicológica de la pandemia.
Es así como en Chile, bajo el actual orden público económico normado en la Constitución Política de 1980, los ciudadanos asumen que tienen todo el derecho de transitar libremente, decidir sobre lo que producen y/o consumen, si permanecen en sus casas o asisten a sus trabajos. Claro está, el Estado de excepción constitucional de catástrofe ha limitado todos estos derechos y ha puesto a prueba el orden público y la convivencia social, generándose una importante resistencia a las medidas de confinamiento y un gran cuestionamiento social al manejo de la crisis sanitaria y socioeconómica realizada por el Gobierno.
En este escenario, la evidencia parece indicar que la intervención del Estado no ha sido del todo acertada tanto en su actuar como en las señales que emite, contribuyendo al aumento de la psicosis colectiva. Prueba de ello es el Plan Paso a Paso, programa elaborado por el Ministerio de Salud que consiste en una estrategia gradual para enfrentar la pandemia según la situación sanitaria de cada zona en particular. Dicho plan mantiene a la población en constante angustia y tensión psicosocial, lo que provoca una sobrereacción frente a los anuncios de cambio de fase, que se manifiesta en un aumento de los desplazamientos entre las comunas, un excesivo aprovisionamiento de alimentos y enseres para hacer frente a un potencial confinamiento, una creciente incertidumbre por parte de los emprendedores, micro y pequeñas empresas que ven con pavor el desplome gradual de los esfuerzos de toda una vida, lo que conlleva finalmente a una “histeria masiva” que es amplificada por los medios de comunicación y redes sociales, que recogen el morbo que naturalmente poseen los seres humanos por las noticias negativas.
