La declaración de la diputada comunista Carmen Hertz, en la que señaló que en Venezuela hay más libertad de expresión que en Chile, es el mejor ejemplo de palabras que se niegan solas. Es que la libertad de que gozamos en nuestro país cubre todo. Hasta la estulticia.
Según Reporteros Sin Fronteras, que analizó la Libertad de Prensa de 180 países durante 2024, Venezuela ocupa el lugar 156. Esa libertad sólo está peor en Nicaragua (puesto 163) y Cuba (168), en el contexto latinoamericano. Esa ONG señala que, desde la llegada de Maduro al poder en 2013, “las medidas gubernamentales en contra de la pluralidad de los medios se acentuaron”. Desde entonces, dado el monopolio gubernamental sobre la importación de papel y suministros para imprentas, desaparecieron las ediciones en papel de un centenar de periódicos en todo el país. Al mismo tiempo, mediante el manejo de la concesión y revocación de licencias de radio, el gobierno bolivariano ha obligado a cerrar 200 emisoras de radio. Peor les ha ido a los canales de televisión, que ya no existe ni uno sólo que discrepe del oficialismo. Igual cosa ocurre respecto de los contenidos informativos a través de internet, bloqueados por el gobierno cada vez que requiere censurar algo que no le conviene. La controvertida “Ley contra el Odio”, de 2017, ha permitido sancionar a más de 80 venezolanos, entre ellos 17 periodistas y medios de comunicación, por criticar a figuras influyentes del país, sobre todo en redes sociales. Esta ley está diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito, y establece restricciones a la libertad personal, promoviendo tanto la censura como la autocensura.
“La libertad de prensa en estos momentos en Venezuela vive su momento más oscuro, de mayor mengua y de reducción a la mínima expresión y eso se está reflejando en una sociedad que vive amenazada por la opacidad, por la poca transparencia, por la precariedad en la que viven los periodistas”, decía en mayo de 2023 la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, Marianela Balbi. Hoy, la situación ha empeorado aún más. De acuerdo con el reporte anual de esta entidad, publicado en marzo, entre enero y diciembre de 2023 se registraron 233 casos de vulneración a las libertades informativas de trabajadores de la prensa y defensores de derechos humanos. Estos agravios consistieron en agresiones físicas o verbales, discursos estigmatizantes, restricciones en internet, limitaciones de acceso a la información, actos de censura y acciones de hostigamiento judicial. Para muestra, señalemos que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y hoy flamante ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en su programa televisivo “Con el mazo dando” tiene vía libre para insultar a quien quiera, incluyendo a autoridades internacionales como el presidente Boric.
Con motivo de las elecciones de julio, el gobierno dispuso el cierre de 15 radios, además de la cadena de televisión online VPITV (que hoy emite desde Miami). En los últimos 2 años se ha clausurado 123 medios y de acuerdo con datos de la ONG Espacio Público, en los últimos 20 años en Venezuela se ha dispuesto el cierre de más de 400 medios de comunicación entre diarios impresos, emisoras radiales, canales de televisión y plataformas digitales. Todo esto ha repercutido en la pluralidad y, en definitiva, en la libertad de expresión, especialmente en el interior del país, en que la falta de medios independientes o de oposición es absoluta. Estas irregularidades también han complicado a los periodistas. Según el Instituto Prensa y Sociedad, hay al menos 374 profesionales exiliados, que terminan abandonando su profesión a causa de temores relacionados con su seguridad o la de sus familias. O, también, por las dificultades que enfrentan para sobrevivir económicamente. Pero no solo los periodistas locales han sufrido restricciones. La prensa extranjera también experimentó limitaciones durante la cobertura de la elección presidencial de julio. El plazo para la acreditación de corresponsales extranjeros y enviados especiales fue tan corto, que y muchos periodistas extranjeros interesados dar cobertura al proceso electoral quedaron excluidos (entre ellos el chileno Iván Núñez).
Entonces, a la luz de estos breves, pero dramáticos datos, ¿qué podríamos responder a lo declarado por la diputada Hertz? Creo que nada. En Chile ella es libre de decir lo que se le antoje. En Venezuela sería distinto.
Juan Carlos Pérez de La Maza
Licenciado en Historia
Egresado de Derecho
