Ministra, Blanca Rojas Arancibia, presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca para 2023, descartó que se necesiten cambios estructurales a la Reforma Procesal Penal (por Hernán Espinoza con fotografías de Luis Casanova)
¿Cuál es su trayectoria en tribunales?
“Yo comencé relatando en la Corte de Apelaciones de Santiago, como suplente e interina, titulada de la Universidad de Chile. Luego, me nombraron secretaria en el Juzgado de Letras de Colina. Después me fui al 32° Juzgado del Crimen en Santiago y, luego, pasé a la Reforma Procesal Penal en enero de 2019 al Tercer Tribunal Oran en lo Penal de Santiago. Allí estuve todo este tiempo, con suplencias en la Corte de Apelaciones de Santiago, Luego, me pusieron en terna para este cargo y, finalmente, me designaron ministra en la Corte de Apelaciones de Talca, donde juré el 24 de junio del año pasado”.
¿Cómo fue su llegara a la Corte de Apelaciones de Talca?
“Me sentí muy bien recibida por mis colegas y todos los funcionarios de la Corte de Apelaciones de Talca. Yo me sentí acogida y de igual a igual con todos. Desde el ministro Biel que era el más antiguo, hasta el ministro Bernales que fue presidente el año pasado. Gente muy cariñosa”.
¿Qué medidas se adoptarán para mantener la Corte de Apelaciones al día en materia de ingresos y fallos de causas?
“El año pasado fue bastante arduo porque había muchas causas atrasadas. Ponerlas al día significó costo personal para ministros, relatores y funcionarios que tenían que quedarse hasta tarde cuando había sala extraordinaria en la tarde. La idea es reiniciar esta sala extraordinaria por abril, una vez que termine con toda la cosa protocolar. Y comenzar cona las causas de fácil despacho para así ir avanzando. Voy a integrar yo esa sala y Gerardo Bernales ya se ofreció para la integración”.
En este paso del sistema penal antiguo al nuevo. Con esa valiosa experiencia ¿cuál es su visión respecto a la Reforma Procesal Penal? ¿Se deben realizar cambios más estructurales?
“Tanto como estructurales no. Me parece que el sistema está bien armado. Pero se requiere de más personal claramente. Se requiere aumentar el recurso humano, porque los fiscales no son suficientes, lo mismo con los defensores y los tribunales. En Talca tenemos un atraso histórico con el Tribunal Oral que, desde que comenzó la reforma, ha tenido problemas para el agendamiento. Todo esto parte de la base del aumento de personal”.
¿Y a quien corresponde resolverlo?
“Es un tema legal. Corresponde al Congreso. La antigua aspiración de esta Corte de Apelaciones es contar con la tercera sala como ordinaria y ello implica el nombramiento de más ministros y los correspondientes funcionarios, como relatores”.
¿En su opinión es posible esta idea de sacar de la justicia penal los casos de delitos menores o casos no violentos y llevarlos a la justicia de policía local?
“Creo que es posible, pero tiene que venir con financiamiento, aumentando la dotación de los Juzgados de Policía Local, actualizando sus procedimientos y que cuenten con apoyo de sistema informático. Eso agilizaría mucho la tramitación, porque la ley les exige tramitar con expedientes en papel, lo cual es bastante anacrónico. Otro punto importante sería que pasaran al Poder Judicial, que no queden a cargo de las municipalidades, porque su labor es impartir justicia”.
¿Y respecto a la crítica política y ciudadana de que la justicia penal es demasiado garantista?
“Yo creo que eso no es efectivo. Basta ver los índices de hacinamiento que hay en las cárceles y cómo se está resolviendo en los juzgados de garantía y tribunales orales. Y cómo actúa el Ministerio Público. Por otro lado, los jueces de garantía están para defender los derechos de los imputados frente a este ente muy poderoso que ejerce la acción penal del Estado y que es el Ministerio Público. No siempre se entiende así por los jueces de garantía, en el sentido que son demasiado duros, algunos llegan a ser casi buzones del Ministerio Público.
¿Qué significa eso?
“No estoy hablando de la generalidad, solo algunos casos específicos. No cuestionan el actuar del Ministerio Público y yo considero que la fiscalía tiene que actuar con un alto estándar de respeto a los derechos y garantías de imputados y víctimas. Tienen que aplicar el principio de objetividad que, además, es un mandato constitucional”.
¿Hay jueces de garantía que son más duros que los fiscales y eso es contradictorio con el perfil que define la ley?
“No sé si tanto como contradicción, pero sí tienen que tener presente cuál es su labor, justamente, de garantía. No puede existir un ju4z garantista, eso es un contrasentido. Eso que aparece en la prensa de que los imputados tienen más derechos que las víctimas no es efectivo”.
Pero la percepción de la ciudadanía apunta hacia allá…
“Pero está mu vinculada con la información que da la prensa que no es especializada, como los matinales de televisión. Allí uno escucha cada barbaridad”.
¿Su mensaje para las personas que viven en el Maule y que tienen gran des expectativas de lo que resuelven los tribunales?
“Yo le diría a la gente que confíe en los jueces. Estamos preparados para resolver sus conflictos de interés judicial. Somos gente preparada, independiente y proba. No es efectivo que los jueces seamos corruptos, al menos, en su gran mayoría. Casi el cien por ciento de los jueces estamos aquí por vocación de servicio público. No existe la corrupción que la gente piensa. Esa es una mala percepción de la labor jurisdiccional. La idea mía en esta presidencia es acercar la justicia a la comunidad, ir a lugares alejados para poder aclarar las dudas que tenga la gente, especialmente, en localidades rurales”.
¿Cómo debe ser la atención hacia el público en los tribunales?
“La idea es que la explicaciones que se den a las personas que van a consultar sean claras y entendibles. De hecho, tenemos una política de lenguaje claro en los fallos, porque los principales receptores son las personas y deben entender porqué ganaron o perdieron. Eso debe quedar claro al leer las sentencias”.