¿Qué determinó la justicia?
En fallo unánime, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó un fallo del Vigésimo Noveno Juzgado Civil de Santiago y otorgó una millonaria indemnización por daño moral a favor de dos mujeres, víctimas de torturas y violaciones a los derechos humanos registrados tras el golpe militar de 1973, cuando ambas personas fueron detenidas en Talca y sometidas a graves tormentos que les causaron daño físico y psicológico.
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¿En cuánto fue avaluada la indemnización económica?
Tanto en primera como segunda instancia judicial, se determinó finalmente una suma total de 140 millones de pesos, correspondiente al pago de 80 millones a una de las víctimas y 60 millones a la otra, en razón de las características de cada caso en particular. El fallo de primera instancia fue apelado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y no se descarta que ello vuelva a ocurrir, lo cual llevaría el juicio civil hasta la Corte Suprema.
¿Qué hechos sufrieron las víctimas?
En ambos casos, se trata de víctimas cuyos testimonios están debidamente registrados ante la Comisión de Prisión Política y Tortura. La primera de ellas corresponde a una mujer de 68 años, quien al momento de los hechos era militante del Partido Socialista (PS). En esa calidad, el 12 de septiembre de 1973, fue detenida por militares que la trasladaron hasta el regimiento de infantería de Talca, donde fue interrogada y sometida a torturas, con golpes y violaciones, hasta el 14 de septiembre, cuando quedó en libertad.
¿Fue la única vez?
La víctima relata que el incidente se volvió a repetir el 14 de mayo de 1980, cuando fue nuevamente detenida, esta vez, por agentes de la CNI de Talca. Para ello, se le mantuvo con la vista vengada, siendo golpeada y objeto de tocaciones de carácter sexual, hasta quedar nuevamente en libertad ese mismo día.
¿Quién es la segunda víctima?
La segunda víctima corresponde a otra mujer, actualmente de 74 años, quien al momento de los hechos trabajaba en la empresa CALAF de Talca y era dirigente del sindicato de dicha empresa, además de militar en el Partido Socialista (PS).
¿Cuáles fueron los hechos?
Al igual que el primer caso, esta segunda víctima también fue detenida el 12 de septiembre de 1973 por personal militar, quienes la trasladaron hasta el regimiento de infantería die Talca. Allí fue interrogada con gritos e insultos, siendo posteriormente trasladada a su hogar, el cual fue allanado ante la presencia de familiares. Luego, volvió al regimiento y allí fue detenida en un espacio que denominaban como el establo, donde se le impidió cambiarse de ropa. Una noche la sacaron a punta de metralletas y la llevaron a una oficina, donde la interrogaron y amenazaron de muerte.
¿Qué ocurrió después?
A continuación, fue derivada a la piscina del regimiento, donde la agredieron sexualmente, la golpearon y le quebraron la nariz, hasta quedar en libertad el 14 de septiembre. Con posterioridad, fue despedida de su trabajo y no pudo recuperar su vida normal, en razón de los daños físicos y psicológicos.
¿Qué concluyó la justicia?
A partir de estos antecedentes probatorios, el tribunal de segunda instancia determinó que «como consecuencia directa de las torturas producidas se desprende, inequívocamente, un perjuicio tanto psíquico como físico e inconmensurable provocado por el Estado de Chile durante el periodo del gobierno dictatorial».
