¿Qué ocurrió?
No pasó desapercibido entre los actores del sector justicia la decisión adoptada por la jueza, Isabel Salas, del Juzgado de Garantía de Talca, ratificada por la Corte de Apelaciones de Talca, en orden a no decretar la medida cautelar de prisión preventiva y, por el contrario, ordenar la libertad sin medidas cautelares subsidiarias -que la fiscalía tampoco solicitó tras frustrar su objetivo principal- de un sujeto imputado por homicidio frustrado, el único policialmente resuelto de seis casos ocurridos entre octubre y noviembre en Talca.
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¿Cuál fue la reacción de la PDI?
Consultado por este vuelco judicial y si la rapidez en la investigación pudo haber influido en su eficiencia probatoria, atendido que se detuvo al imputado el mismo día en que ocurrió el asesinato el Prefecto Regional de la PDI, Germán Parra, sostuvo que «por el contrario, la rapidez solamente dice relación al aumento de gente especializada que hemos puesto en la Brigada de Homicidios. No tiene que ver con que se están haciendo las cosas a la rápida. Como les reitero, se han creado equipos preferentes, se ha puesto más gente en los equipos investigadores y es por eso que los resultados han sido más efectivos y más rápidos».
¿Qué opina de que la justicia considere que hay más antecedentes a favor que en contra del imputado a partir de las mismas pruebas reunidas por la PDI?
«La PDI aporte los medios de comprobación necesarios al tribunal y hasta ahí llega nuestro trabajo. Esa es nuestra misión».
¿Qué opina el Ejecutivo Regional ante estos vuelcos judiciales de causas de alta connotación social?
«Como Gobierno no podemos opinar de un poder independiente como es el Poder Judicial. Y en este caso, tampoco respecto de la labor que realiza el Ministerio Público, que es una institución autónoma del Gobierno. En ese sentido, tanto las facultades que tienen el Ministerio Público y los tribunales corresponden al criterio judicial que se aplica caso a caso. Conocemos los procedimientos y hoy los jueces deben hacer cumplir als leyes y los fiscales actuar en su rol de persecución penal. Y ello corresponde a la correcta aplicación del Derecho», afirmó Humberto Aqueveque, Delegado Presidencial Regional.
