En los últimos años Chile se ha visto enfrentado a profundas fragmentaciones. Hemos sido testigos de un país dividido que aspira a superar las acentuadas desigualdades que se manifiestan en nuestra sociedad. A partir del estallido social de octubre del 2019 estas diferencias quedaron marcadas, en un escenario donde el pueblo se vuelca a las calles y reclama sus legítimas demandas.
Bajo este escenario se comienzan a vislumbrar cambios sustantivos en la forma de convivir en los espacios de representación política. La ciudadanía toma partido por manifestarse en la perspectiva de construir un mejor país, un país que recoja las sensibilidades expresadas en su territorio, un país que vuelve a creer en sí mismo y en sus formas de organización para provocar cambios sustantivos en las estructuras de poder.
Es innegable que nuestro país está viviendo una profunda crisis social, ante un Estado debilitado que no encuentra los caminos para otorgar un valor público a su ya debilitada agenda social. Es así como se da inicio a múltiples manifestaciones que buscan, sobre todo, nuevas formas de representatividad en la toma de decisiones.
Pensar el Chile del mañana es una tarea que tendrán que enfrentar todas y todos quienes resultaron electos y electas constituyentes para escribir una nueva Constitución para nuestro país. Se debe construir una hoja de ruta donde se diseñen expectativas, que de alguna manera nos hablen desde lo diverso de las culturas que cohabitan nuestros territorios. Esto significa también reconocer y validar la historia de los pueblos originarios, su cultura y su identidad desde su propia autodeterminación. Como también crear canales de participación ciudadana, para que sus contenidos sean socializados por todas y todos quienes conformamos este territorio llamado Chile.
Educarnos en lo colectivo es sin duda uno de los grandes desafíos del futuro. Volver a respetar y valorar lo público como una experiencia de vida vital para soñar un mejor país. Esto significa erradicar de raíz todas aquellas prácticas en donde el individualismo, el consumismo, la cosificación y la fragmentación han producido en las y los ciudadanos un daño emocional que se expresa en la violencia y el caos que día a día debemos enfrentar como sociedad. Los cambios sustantivos que podemos vislumbrar dependen exclusivamente de nuestra organización e incidencia en los espacios públicos. Esto significa que la ciudadanía genere diálogos participativos, que les permita imaginar y proponer inéditas estructuras, para un mejor Estado. Una Constitución debe ofrecer un orden jurídico político que garantice un ordenamiento económico más justo, más igualitario y más democrático para todos y todas.
Hoy el gran desafío es rediseñar el Estado, poniendo en el centro de sus políticas al ser humano, desde la integración y no desde la segregación. Un Estado que sea capaz de recoger las distintas inquietudes que surgen desde los territorios, con un afán claro de buscar soluciones a sus demandas. Debemos volcar la mirada hacia la superación de un modelo económico y político desigual, lo que ha instalado por décadas una democracia restringida y una economía que ha concentrado la riqueza en muy pocos. Un novel Estado debe estar amparado bajo la justicia social, que nos dé protección y reconocimiento de la soberanía popular, como también la restitución de las empresas públicas y las riquezas nacionales que den las garantías para conformar un nuevo orden económico.
Sobre la base de los argumentos presentados creo pertinente considerar los siguientes puntos que debieran estar contemplados en nuestra Constitución, que nos hable de un país diverso, integrador, plurinacional e intercultural.
1.- Diseñar una República democrática y participativa. Reconocer la igualdad en dignidad y derechos, sin distinción.
2.- Reconocimiento de diferentes formas de organización económica, Estatal, social, comunitaria y privada, todas fundadas sobre la base del desarrollo humano.
3.- Valorar las culturas las artes y los patrimonios como derechos humanos fundamentales.
4.- Profesionalización de las fuerzas armadas y policiales, siempre pensando en la protección de la soberanía popular, la defensa y salvaguardia de la democracia.
5.- Erigir una nueva política de género, que suprima el patriarcado de nuestras prácticas sociales, culturales e identitarias.
A modo de síntesis es necesario señalar que el Estado debe ser un órgano garante de derechos, en donde las comunidades se sientan representadas y vinculadas a sus territorios, desde el hacer y no desde la contemplación. Las dinámicas que se generan a partir de estas experiencias nos permitirán construir comunidades en la diversidad de nuestras sensibilidades de ciudadanas y ciudadanos atentos a crear, desde el aprendizaje y la rica experiencia de construirse con el otro en las infinitas capacidades que posee el ser humano para soñar otras realidades que habitan en lo colectivo, eliminando todas aquellas prácticas que subyacen en un individualismo extremo y que tanto daño nos ha causado como sociedad.
