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REPORTAJE: ¿Por qué todo está tan caro?

Entrevistas a dirigenta de junta de vecinos y un economista (por Francisco Letelier de Sociología UCM)

En 2021 las cuatro cadenas más grandes de supermercados que operan en Chile: Walmart, CENCOSUD, SMU y Tottus, concentraban el 38% de las ventas. En 2022 este porcentaje subió a 53%, lo que equivale a más de 30.000 millones de dólares en ventas anuales.

Mientras tanto, la sensación que tienen muchas personas cada vez que van al supermercado es que se gasta mucho y se lleva poco. Muchos de aquellos que antes compraban en supermercados como Jumbo, Líder o Tottus, hoy están comprando en mayoristas.

La gente comienza a pasarse datos de ofertas y hasta algunos se organizan para comprar directamente a los productores. Para otros, ir a abastecerse a Argentina es una opción, aunque, paradojalmente, en dicho país la inflación está muy por sobre lo que ocurre en Chile.

De todo esto conversamos con Sofía Álvarez, vecina y tesorera de la Junta de Vecinos Villa La Florida; y con Eduardo Letelier, economista, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica del Maule (UCM).

Sofía ¿Cómo ves la situación de los precios de los productos?

“A medida que ha pasado el tiempo hemos visto alzas considerables.  Cada vez se complica más la adquisición de productos debido a sus altos precios. La carestía se ve reflejada en el día a día. Para las familias es cada vez más complicado adquirir mercaderías que antes no tenían unos precios tan altos como ahora. En mi barrio, por ejemplo, he visto que frente a esto, las personas han comenzado a comprar en supermercados mayoristas y hacer redes para intercambiarse datos de lugares más baratos y de ofertas”.

Tuviste la experiencia de estar en Mendoza y observar los precios de los alimentos y otros productos en los supermercados ¿Qué viste?

“Si, viajé a Argentina para acompañar a mi hijo en una competencia deportiva. Quedé asombrada al observar los precios que ofrecen en diferentes productos los supermercados y distintos locales comerciales del centro de Mendoza. Por ejemplo, una maicena que acá cuesta $2.500, en Mendoza costaba $300. Los fideos eran unos 200 a 300 pesos más baratos que acá.

La carne, súper barata. Los pollos son como de campo y cuestan $990. El costillar $2.900, la pulpa a $1.900 el kilo. Una crema para manos que en promedio cuesta en Chile $5.000, en un supermercado Carrefour su valor es de $890. Chocolates, vinos, gaseosas, todo muy barato. Una Coca-Cola de litro y medio cuesta $800. Un combo McDonald ‘s cuesta $3.600, mientras que en Chile está sobre los $6.000. Desodorantes a $800, cervezas Kunstmann a $600, y muchas cosas más”.

¿A qué crees que se deben los precios en Chile?

“Yo creo que es la inflación que hemos tenido aquí producto de los bonos en pandemia y los retiros de las AFP. No creo que influya mucho el cambio de moneda. De hecho, los argentinos no aceptan dólares, si pagas con dólar no te dan vuelto”.

¿Crees que vale la pena ir a comprar a Mendoza considerando los costos del viaje?

“Absolutamente. Eso sí, sería mejor si van en vehículo un par de familias para que el costo del viaje sea menor”.

Eduardo ¿qué está pasando con los precios?

“El tema del alza en los precios de los alimentos no solo es un fenómeno en Chile, sino que ha tenido un alcance global, a partir de las medidas cuarentenarias generadas por la pandemia del COVID, el quiebre en las cadenas de suministro globales y la implementación de importantes subsidios al ingreso de las familias.

En otras palabras, menos oferta para una mayor demanda. A esto se sumó posteriormente el conflicto entre Ucrania y Rusia, importantes productores de alimentos y energía. Lo anterior no descarta, sin embargo, la posible colusión pasiva entre corporaciones agroalimentarias, lo que se denomina ´codicia inflacionaria´ (greedy inflation o greedflation).

De este modo, según FAO, el índice global de precios de alimentos se incrementó en 51,1% entre 2020 y 2022. No obstante, durante el presente año, este índice ha tendido a caer en la medida que las cadenas de suministro se han ido normalizando y que diversos países han eliminado los subsidios a la demanda entregados bajo la pandemia”.

Por lo que nos cuenta Sofía existe la sensación de que en Chile los precios de los alimentos son más altos que en otros países ¿Es así? ¿Hay alguna evidencia al respecto?

“Es posible que al comparar los precios de algunos productos de supermercados entre países, Chile aparezca más caro debido a que son productos en los cuales el país no está especializado y, por lo tanto, tiene costos relativos más altos. Por ejemplo, Chile importa gran parte de los cereales, legumbres y carnes rojas que consume. Por lo tanto, a los precios de venta de estos productos en los países de origen se suman los costos de importación e intermediación comercial, de modo que estos productos necesariamente llegan a un precio más alto.

A lo anterior se debe sumar el hecho que, a diferencia de Chile, diversos países subvencionan al sector agropecuario y ejercen controles de precios en algunos productos básicos. Por otro lado, en Chile los combustibles tienen impuestos especiales que determinan costos de producción más elevados. Ambos fenómenos reforzarían el mayor costo de los denominados alimentos básicos”.

¿Es posible medir objetivamente este fenómeno?

“Un asunto distinto es decir que, al considerar una canasta de consumo estandarizada, Chile sea sistemáticamente más caro que otros países. Para determinar esto se han desarrollado índices de paridad de poder de compra que permiten comparar el costo de esta canasta de consumo estandarizada entre países. Un índice muy utilizado es el Big Mac Index, que mide el costo de una hamburguesa McDonald ‘s en dólares de Estados Unidos. De acuerdo a estos índices, Chile aparece en el cuarto lugar en el continente, con un precio menor que Uruguay, Argentina y Costa Rica.

El que uno compre más barato en Mendoza tiene que ver más bien con la depreciación del peso argentino, que pasó de ars$500 a ars$950 por dólar, entre abril y octubre de este año e hizo más barato comprar todo tipo de bienes transables en el país vecino. Es decir, se trata de un problema macroeconómico antes que microeconómico”.

En Chile estamos viendo un proceso de concentración importante de las ventas en pocos grupos económicos. ¿Qué efectos puede tener esto?

“La concentración de las ventas en unas pocas cadenas de supermercados provoca la concentración de las compras en unas pocas empresas proveedoras con capacidad de negociación, debido a los volúmenes, continuidad y precios que pueden ofrecer.

Esto produce que las cadenas de supermercado tengan poder de mercado sobre empresas pequeñas y medianas, que les permite cobrar por ubicaciones preferenciales en las góndolas de exhibición, exigir la entrega adelantada de inventarios de productos (capital de trabajo) y pagar las facturas en plazos que pueden extenderse hasta en 180 días.

También pueden exigir a las pymes proveedoras que entreguen sus productos sin marca, a fin de posicionar las propias a menores costos. En países como Argentina este poder de mercado ha determinado la promulgación de una “ley de góndolas” que establece que el 25% del espacio de exhibición debe estar reservado a productos de las pymes y un 5% a productos de la agricultura familiar.

Otro aspecto relevante de esta concentración es el rol que pueden jugar los supermercados en esquemas colusivos de distinto tipo. Debemos recordar que, en el caso de la colusión del papel higiénico, las cadenas de supermercados eran agentes claves para lograr la coordinación efectiva de CMPC y SCA, por la vía de informar periódicamente a ambas empresas sobre los precios cobrados y las ventas obtenidas por cada empresa.

Finalmente, la concentración de mercado facilitaría transmitir y amplificar perturbaciones de precios de alimentos y energía hacia los consumidores finales, generando como consecuencia unas ganancias extraordinarias en tiempos de crisis, lo que antes hemos definido como inflación codiciosa”.

Muchas personas están comenzando a comprar en supermercados mayoristas. Otras, incluso fuera del país. ¿Conoces otro tipo de estrategias que se estén desarrollando? ¿Tal vez más colectivas o cooperativas?

“En la pandemia se observó la reactivación de diversas prácticas que históricamente las organizaciones populares han impulsado en Chile para enfrentar las crisis económicas.  Así, no solo las personas comenzaron a usar compras mayoristas (aprovechando la mayor liquidez y disponibilidad de tiempo), sino que también reaparecieron las ollas comunes y los grupos de compra solidaria.

Adicionalmente, muchos de estos grupos comenzaron a vincularse directamente con productores de la agricultura familiar campesina, a través de la organización de canastas de compra. Es decir, de la entrega coordinada de diversos tipos de alimentos desde un grupo de productores a un grupo de consumidores, en algún lugar predefinido y sobre la base de precios de mutua conveniencia.

En general, se trata de organizaciones informales levantadas para responder a la emergencia. Otras expresiones como cooperativas de consumo resultan mucho más difíciles de crear y sostener y suelen ser más pertinentes para situaciones de compra regular, donde hay una gran cantidad de trabajadores o funcionarios potencialmente asociables y donde los costos administrativos pueden optimizarse gracias a la modalidad de descuento por planilla».

¿Qué políticas públicas crees que deberían implementarse para generar un mercado de precios más justo?

“En general, la principal limitación que tiene la producción doméstica para acceder al mercado local, regional y nacional, tiene que ver con la logística de distribución, que no solamente es costosa, sino que presenta importantes grados de concentración. Esto explica que, por ejemplo, para muchos productores asociados a redes de comercio justo les resulte más fácil exportar que vender en Chile.

Desde esta perspectiva, el acceso de productores a las ferias libres, la creación de ferias de productores, el desarrollo de infraestructuras de mercados locales y el fomento de organizaciones de consumidores que intervengan activamente en la gestión de compra, son cuestiones importantes.

Este último punto es particularmente crítico, ya que las políticas públicas no reconocen a las organizaciones de consumidores como empresas susceptibles de una política de fomento, sino que solamente le asignan un rol en la defensoría de derechos.

Adicionalmente, la generación de sistemas de información de precios de mercado y una reforma legal que permita una mejor tipificación de conductas de abuso de posición dominante a lo largo de cadenas productivas, entre grandes y pequeñas empresas, ayudarían a generar mayor transparencia y precios de mercado más justos.

En este último sentido la actual normativa sobre libre competencia tiende a sancionar las conductas empresariales según la evidencia de daño a los consumidores, pero el problema de la justicia de las transacciones entre grandes y pequeñas empresas, a lo largo de las cadenas productivas, queda en una suerte de limbo jurídico”.

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