Sigiloso pero seguro avanza la preparación de lo que será la elección de los integrantes del Concejo Constitucional y, luego, el plebiscito ide salida, ambos con inscripción automática y voto obligatorio (por Hernán Espinoza con fotografías de Luis Casanova)
Pocos lo recuerdan ahora que estamos en verano, pero 2023 será un año en que Chile y el Maule, por supuesto, volverán a las urnas, esta vez, para votar en dos oportunidades. La primera será el 7 de mayo próximo, para elegir a los integrantes del Consejo Constitucional, es decir, aquellas personas que van a redactar el texto de la nueva Constitución y que será sometido a un plebiscito de aprobación o rechazo.
Y para que ello ocurra, se deben dar numerosos pasos previos enmarcados en la publicidad y seriedad de los actos administrativos, todo esto, para asegurar que la elección sea irreprochable en términos igualdad de condiciones a todos los candidatos. Para ello, es particularmente intensa la labor que deben realizar instituciones como el Servicio Electoral (SERVEL), cuya principal responsabilidad es que la opinión de las personas se refleje en los resultados al momento de contar los votos, sin alteraciones de ningún tipo.
Otorgar garantías de que ello va a ocurrir es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Así lo entienden los ciudadanos que, en cada periodo, participan activamente en la recepción y conteo de los votos, sin mayor recompensa que el deber ciudadano. Que esto ocurra en forma transparente y sin alteraciones es lo que permite validar a quienes resultan electos.
Para los ciudadanos, el proceso comenzó con el plazo para que las personas actualizaran o cambiaran su domicilio electoral, lo cual permite que, posteriormente, se asigne a cada elector el local de votación más cercano a esa dirección. Esto facilita el ejercicio del derecho al voto y facilita que los propios ciudadanos fiscalicen la apertura de las urnas y conteo de los sufragios.
Para el actual proceso, en el caso de la región del Maule, fueron 2.215 personas las que llevaron a cabo el cambio o actualización de sus domicilios electorales. “Fue mucha gente; pero cuesta que la ciudadanía entienda el concepto de la georreferenciación: Muchos querían que se les asignara el local que ellos ven como más cercano, pero lo que la ley señala es que el SERVEL debe procurar asignar el elector a u local más cercano a su domicilio electoral”, afirmó María Inés Parra, directora regional del SERVEL.
“Había que explicarles a las personas que no necesariamente va a ser local de votación aquel que se considera como más cercano al domicilio, sino el que cumple ese requisito según nuestros sistemas. Además, se debe revisar la capacidad del recinto. Entonces, cada mesa tiene asignados 400 electores y se ingresan por orden alfabético. De tal manera que el local completó la capacidad de sus mesas, los electores van a ser asignados al local más cercano”, subrayó la autoridad.
Todo esto, agregó, bajo el orden alfabético de los apellidos. “Ya publicamos todos los lugares que nosotros definimos como espacios públicos autorizados para instalar propaganda, toda vez, que la propaganda comienza desde que están inscritos los candidatos, es decir, el 6 de febrero. Desde ahí en adelante, pueden comenzar a ejercer gasto electoral, cumpliendo con toda la normativa”, afirmó.
María Inés Parra subrayó que “nuestros plazos fueron bien acotados porque tenemos apenas cien días para la organización. Es decir, desde que se publicó el decreto que se convocó al proceso electoral, comenzamos con todo el proceso. Ahora bien, los espacios autorizados para la propaganda electoral son los mismos que en periodos anteriores. Además, se hizo con previa consulta a los concejos municipales. En todo caso, con el tiempo ha disminuido esta propaganda estática”.
En el caso de la región del Maule, se van a elegir cinco cupos de consejeros constitucionales. La inscripción de las listas de candidatos por pactos políticos se realizan ante el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL) en Santiago, pero las candidaturas independientes se pueden inscribir en los SERVEL de cada región, cuyo requisito principal es que deben contar con poco más de dos mil patrocinios que se pueden realizar a través de la página web del mismo Servicio Electoral, con el uso de clave única. En todo caso, cada postulación se revisa y los que son aceptados quedan registrados, mientras que los rechazados pueden reclamar directo al TRICEL.
“Todo esto, con miras al 7 de mayo, día de la elección de consejeros. El voto es obligatorio porque fue aprobado por ley. Además, cabe recordar que la región del Maule no tiene ninguna unidad penal asignada como local de votación. Luego, viene el plebiscito de salida para el 17 de diciembre, también de voto obligatorio. Son los dos hitos electorales para el presente año. Luego, el 2024, tendremos elecciones de gobernadores, consejeros regionales y municipales. A ello se agregan las primarias legales, en el caso de gobernadores y alcaldes entre abril y mayo, dependiendo de si existen acuerdos entre las colectividades políticas. Y el 2025 nos corresponde elecciones parlamentarias y presidenciales”, afirmó.
Consultada por el proceso electoral y su actual diseño, María Inés Parar subrayó que “nuestro sistema ha sido muy bien evaluado, porque da mucha seguridad a toda la ciudadanía y también a la clase política. Además, es un orgullo que se destaque la rapidez y efectividad en la entrega de los cómputos. Nosotros como SERVEL organizamos y supervigilamos a todos los que intervienen, porque este proceso se hace con la ciudadanía. Es decir, aquí los vocales de mesa son designados por las juntas electorales previo sorteo, pero nosotros los capacitamos. Es decir, aquí los ciudadanos tienen un rol clave”.
“Es muy importante que la ciudadanía asuma e internalice el deber de participar en las instancias democráticas. Es imposible tener vocales de mesa que sean funcionarios públicos. Tiene que ser el ciudadano al que, además, no se le pide nada y es nombrado por sorteo. Es decir, está validado como ciudadano. Todo eso respalda el proceso, al igual que nuestra autonomía como Servicio Electoral, porque no dependemos de ningún Gobierno. No hay manipulación y eso lo defendemos ante tanta noticia falsa que circula en las redes sociales. Eso es imposible y, por ello, dependemos e impulsamos la participación de apoderados que también fiscalice el proceso”, destacó.
La autoridad regional subrayó que “cada vez que se pone la idea del voto electrónico no tiene apoyo político, porque el proceso actual está completamente validado. Es decir, el voto en el papel es absolutamente claro e indesmentible. Además, los vocales son capacitados para cumplir con su deber. Ahora bien, se están comenzando a denunciar a los vocales que no cumplieron con asistir a los locales de votación para el plebiscito de salida del primer proceso constituyente. Lo mismo va a pasar con las personas que no cumplieron con el voto obligatorio”.
En cuanto a los locales de votación, María Inés Parra advirtió que “en un principio son los mismos, más algunos que se van adicionando. Pero la decisión final la vamos a tener cundo se defina el padrón electoral definitivo que, además, se publica en febrero, donde cada elector se puede revisar. Con eso, vamos a tener clarito cuántas mesas y locales debemos tener. Es decir, pueden ser los mismos 200 que funcionaron en el plebiscito de septiembre del año pasado. Pueden ser los mismos, pero también más o menos, según la georreferenciación”.
“Lo que estamos insistiendo a las personas es que se informen, que revisen sus antecedentes en la página web del SERVEL, que lo hagan oportunamente sabiendo que ahora tenemos voto obligatorio. Es decir, deben tener claro que tampoco hay titularidad de mesa, por lo cual, en todos los procesos electorales van a cambiar las mesas. Y, por ello, es parte de la educación cívica como ciudadanos”, concluyó María Inés Parra.
