En tiempos donde la crítica muchas veces se instala como la primera reacción frente a la gestión pública, es justo y necesario destacar cuando el Estado, a través de la voluntad política y la acción decidida, logra resultados concretos para las personas.
Tal es el caso del proceso de regularización de la pequeña propiedad raíz en la Región del Maule, donde, pese a las numerosas dificultades técnicas y jurídicas muchas de ellas derivadas de dictámenes restrictivos de la Contraloría General de la República, se ha logrado un avance significativo y digno de reconocimiento.
En estos tres años de gobierno, más de 3.000 regularizaciones se han concretado en la región. Esta cifra no es solo un dato estadístico: representa a miles de familias que, después de años de incertidumbre, por fin cuentan con un título de dominio que les otorga seguridad jurídica sobre la tierra que habitan y trabajan. Un documento que les permite soñar con un futuro mejor, postular a subsidios estatales, heredar con dignidad y, en definitiva, vivir con la tranquilidad de tener lo suyo.
El mérito no es menor, el proceso de regularización en Chile está regido por el Decreto Ley N° 2.695 de 1979, una norma que, si bien ha sido fundamental para formalizar la tenencia de la tierra, ha quedado desactualizada frente a la realidad socioeconómica actual. A ello se suman interpretaciones estrictas de la Contraloría, que en no pocas ocasiones han dificultado o incluso paralizado procesos administrativos. Frente a ese escenario, el gobierno no solo mantuvo el compromiso con las comunidades, sino que lo profundizó, redoblando esfuerzos en terreno, gestionando con rigurosidad técnica y promoviendo cambios legislativos que permitan mayor flexibilidad.
La reciente aprobación por la cámara de diputados del proyecto de ley que aumenta el límite del avalúo fiscal para optar a la regularización de 380 UTM a 1.000 UTM, es una clara muestra de ello. Este avance permitirá que muchas más familias, que hasta ahora quedaban fuera por razones puramente técnicas, puedan iniciar su proceso de regularización. Es una decisión que pone a las personas en el centro y que refleja un enfoque de justicia territorial.
En el Maule, donde la ruralidad y el arraigo con la tierra son parte esencial de la identidad regional, esta política pública tiene un impacto profundo. No hablamos solo de cifras ni de metas cumplidas: hablamos de personas, de historias, de arraigo y de futuro. En una región que muchas veces ha sido postergada, este avance marca una diferencia real.
El desafío sigue siendo grande, pero estos logros demuestran que, cuando hay voluntad, se puede. Este gobierno ha demostrado que, incluso frente a trabas institucionales, es posible avanzar con convicción y responsabilidad. Hoy, más de 3.000 familias en el Maule pueden dar fe de ello.
César Concha
Seremi de Bienes Nacionales
Región del Maule
