Uno de los temas que cobrará mayor relevancia en torno a la redacción de la nueva Carta Fundamental, será la gestión y eficiencia del uso de agua en el país, un recurso tan importante para la vida cotidiana, como para el medio ambiente y la economía.
Históricamente, las Juntas de Vigilancia, de diferentes regiones, han estado a cargo de esta labor, ejerciendo este rol por más de doscientos años. Han tenido épocas muy buenas, otras de extrema sequía; especialmente en los últimos diez años que la escasez hídrica ha sido una constante, pero siempre velando por lograr la mejor distribución del recurso que les ha permitido el caudal disponible. Las organizaciones de usuarios de aguas (OUAs) deben tomar decisiones de manera rápida e inmediata, de acuerdo a la realidad de cada cuenca, como, por ejemplo, las consignas de riego, para asegurar la repartición del recurso y optimizarlo dentro de las comunidades, y de esta forma destinarlo a actividades tan importantes como la agricultura y la producción de alimentos.
Prontamente se iniciará el proceso de redacción de una nueva Constitución para Chile, frente al cual consideramos, como Federación de Juntas de Vigilancia de la Región del Maule, que es de suma importancia que se mantenga el reconocimiento y protección del derecho de propiedad sobre el uso de aguas dentro de sus pilares fundamentales. Por nuestra parte, estamos dispuestos a implementar todas aquellas medidas que vayan en pos de una mejor distribución y aprovechamiento del recurso, más aún en el actual contexto de sequía que afecta hace más de 10 años a nuestro país. Creemos firmemente que es clave alinear esfuerzos entre todos los actores, pero siempre reconociendo el derecho de propiedad.
En este sentido, es importante considerar, al menos en el caso agrícola, que los derechos de propiedad son de tipo consuntivo, ya que consumen el recurso para la producción y cultivo, por lo que es vital realizar una repartición equitativa que no interfiera en este proceso, sobre todo considerando que más del setenta por ciento de los dueños de derechos de agua, son pequeños agricultores, quienes cuentan con este elemento como seguridad para realizar sus labores agrícolas, de las cuales no solo viven ellos, sino que todos los chilenos y chilenas.
Necesitamos cambios, claro. El mundo gira rápidamente y las nuevas tecnologías permiten un mejor uso del agua, por lo que las leyes también deben evolucionar y direccionar a los usuarios de derechos a implementar sistemas que les permitan optimizar cada vez más el recurso hídrico. En ese sentido, temas como el mejoramiento de los sistemas de medición resultan claves, ya que permiten tener certeza sobre los volúmenes de agua con los que se cuenta para distribuir para las distintas actividades económicas de la zona.
No podemos desconocer las mejoras que ya se han realizado en torno al agua, como el pago de patentes para quienes son titulares de un derecho pero que no hacen uso del recurso. Sin embargo, todavía existen aspectos que se pueden perfeccionar, como una mayor fiscalización para hacer más expedito su cobro, u otorgar mayores facultades a las OUAs, cuya gestión eficiente se ha podido comprobar desde sus inicios.}
Confiamos en que el accionar conjunto entre las organizaciones de usuarios de aguas que velan por la correcta distribución y administración y, por otro, las entidades gubernamentales a cargo de la fiscalización, permitirán ampliar el debate en la materia y llegar a acuerdos que vayan en directo beneficio de una correcta gestión del recurso, y así, estar mejor preparados ante el escenario de sequía y cambio climático.
Por último, creemos importante no olvidar lo fundamental que resulta considerar a la alimentación como un bien primario y resguardar la producción de alimentos que nacen desde el corazón de nuestro país, de sus tradiciones y de nuestro campo, para lo cual el agua es imprescindible.
