¿Qué está pasando?
En un verdadero «rompecabezas» se ha transformado para las autoridades regionales el proceso de reactivación de las obras de reconstrucción del edificio patrimonial de la ex Intendencia Regional, en Talca, luego que la empresa a cargo del proyecto se declarara en condición de no continuar con los trabajos, dando paso a que el MOP decidiera el término anticipado del millonario contrato.
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¿Cuáles son los costos involucrados?
El financiamiento original del proyecto fue de $6.200 millones y, luego, a petición de la misma empresa, la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, realizó gestiones de alto nivel para proponer un suplemento presupuestario de $1.600 millones, todo esto aprobado por el Consejo Regional (CORE) del Maule. Estos últimos recursos eran para terminar el proyecto al cual le faltaría apenas la última etapa, pero la empresa BASCO S.A. optó por finiquitar a los trabajadores e intentar negociar un acuerdo con el MOP, donde se rechazó cualquier diálogo y se optó por el término anticipado del contrato.
¿Cuáles fueron las decisiones iniciales?
Tras reunirse con autoridades regionales del MOP, el Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, explicó que BASCO S.A. solicitó la liquidación anticipada del contrato sin cargos económicos para la empresa, es decir, sin pagar indemnización al MOP. Añadió que, contrariamente a ello, el MOP optó por la vía de que el proceso de liquidación sea con cargo a la empresa, para lo cual, se determinarán posibles indemnizaciones, además de exigir el pago de las leyes previsionales para los trabajadores en el contexto del finiquito. Recordó que ello es obligatorio para la empresa si quiere volver a postular y adjudicarse proyectos con financiamiento público en esta región o en otra a nivel nacional.
¿Qué viene ahora?
«Una vez que esté resuelta esta liquidación anticipada del contrato, se generará un proceso licitatorio para poder avanzar con una nueva empresa. Los recursos para ello están garantizados, tanto por parte del Gobierno Regional y, en caso de que no sea suficiente, se levantarán todas las solicitudes al nivel central del MOP para que se pueda generar una remesa de fondos», afirmó Humberto Aqueveque.
¿Se descarta la vía de la adjudicación directa a otra empresa?
«Como el ejecutor es el Gobierno Regional, corresponde a esa instancia generar este proceso indemnizatorio si es que fuese así concurrente. Nosotros no descartamos una adjudicación directa, toda vez que eso va a depender de las decisiones que se tomen, dependiendo de los tiempos y de cuáles son los procesos que establezca el Gobierno Regional, en tanto quiera hacerlo con recursos propios o un suplemento presupuestario del nivel central del MOP. Si se opta por este último habría que realizar una nueva licitación», sostuvo Aqueveque.
¿Se pedirá la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE)?
«Eso va a depender de los procedimientos que se desarrollen en la liquidación, porque reitero que hay que cumplir con el pago de las leyes previsionales de los trabajadores. Y después se verá si se lleva a cabo la liquidación del contrato vía acuerdo o bien se opta por la judicialización, lo cual no esperamos, ahí tal vez es posible que se haga parte del CDE», afirmó.
