¿Qué ocurrió?
En un grave error incurrieron los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (BRIDEC) de la PDI de Talca durante los allanamientos que se llevaron a cabo durante la tarde de este martes, en el contexto de la investigación opr el Caso Fundaciones y que tenían por objetivo la incautación de documentos en formato físico o digitales, además de dispositivos con mensajería de WhatsApp y correos electrónicos.
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¿Cuáles eran los «blancos investigativos»?
Se trataba de tres domicilios, esto es, el edificio del Gobierno Regional del Maule, en específico, de la División de Planificación y Desarrollo Regional; las oficinas en Talca de la Fundación Urbanismo Social; así como el domicilio particular de Rodrigo Hernández, ex SEREMI del Ministerio de Vivienda del Maule, ya que en fecha reciente se ordenó su renuncia no voluntaria al cargo por parte del ministro, Carlos Montes.
¿Qué ocurrió en este último caso?
En cuanto a la personal del ex SEREMI, sobre este «blanco investigativo» existían dos objetivos, esto es, incautar el computador y el teléfono personales, tal como lo indicaba la orden emitida desde el Juzgado de Garantía de Antofagasta a petición de la Fiscalía Regional de dicha zona del país. Sin embargo, el domicilio consignado en la orden judiciial era erróneo, pues allí viven otros familiares de Hernández, quien actualmente vive en el sector oriente de Talca.
¿Entonces qué paso?
En horas de la tarde del martes, cuando un medio de comunicación a nivel nacional hizo pública la orden judicial, la defensa particular del ex SEREMI, a cargo del abogado penalista, Mauricio González, tomó contacto con el jefe de la BRIDEC de la PDI de Talca, subprefecto Juan Carlos Moya, para informar la representación legal. En ese contexto, se hizo ver el domicilio equivocado que tenía la PDI y se coordinó la entrega voluntaria del teléfono y el computador.
¿Qué ocurrió después?
Así a los pocos minutos, según confirmaron fuentes calificadas, el propio Hernández acudió hasta el cuartel central de la PDI en Talca para hacer entrega -bajo acta legal- de su teléfono y computador personales. La defensa penal de Hernández no entregó detalles de este procedimiento, pero ratificó que ambos dispositivos quedaron en manos de los detectives y que, cualquier coordinación posterior, será directamente con la Fiscalía Regional de Antofagasta.
