¿Qué ocurrió?
En fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca dictó sentencia a favor de la municipalidad de Talca en el litigio que esa institución mantiene con un grupo de comerciantes del patio número dos de la Macroferia, quienes presentaron un recurso de protección en contra del jefe comunal talquino tras un decreto municipal que ordenaba el cierre y desalojo por una supuesta «toma» del predio comercial.
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¿Qué dicen los recurrentes?
Tras conocer la sentencia, la abogada, Francisca Concha, anunció que presentará una apelación y que llevará el litigio hasta la Corte Suprema, donde pedirá revocar la sentencia de primera instancia para que, en consecuencia, se acoja el recurso de protección y se anulen los decretos municipales en disputa.
¿Qué dijo la parte recurrente?
Al respecto, Francisca Concha explicó que «antes del año 2019, la Macroferia de Talca era administrada por una corporación municipal, autorizó a los comerciantes del patio dos a construir bodegas y techumbres en las posturas que ellos tenían por lo cual, se les cobraba un derecho extra por eso. Es más, las construcciones y conexiones eléctricas las hizo personal municipal».
¿Que otro antecedente es relevante?
«Esta situación se la explicó el administrador municipal, Cristian Muñoz, al alcalde de Talca, el 25 de agosto de 2020. Fuera de eso, ese mismo administrador les dio certificados a los comerciantes de que ellos pertenecían al rubro de las macroferias, para efectos que, durante la pandemia, pudieran postular al Bono Pyme 2021. Se certificó que tenían puestos y que, además, podían con ese documento obtener los pases diarios para circuluar por la región durante la cuarentena», agregó la abogada.
¿Qué otra medida adoptó la municipalidad?
Francisca Concha destacó que, tras ello, el alcalde dictó un nuevo decreto ordenando qué el patio número dos sería de posturas diarias, con lo cual, según la parte recurrente en este litigo, se estarían «vulnerando los derechos de los comerciantes que habían construido sus puestos. Esto fue lo que molestó a los comerciantes, por eso, se alzaron y comenzaron los problemas».
¿En qué se fundamentó esta nueva determinación?
«El alcalde alegó que Cristián Muñoz no tenía la autorización ni la autoridad para permitir las construcciones ni otorgar los certificados, aunque el hecho es que esos certificados fueron legales y permitieron el cobro de los bonos y tramitar los pases diarios. Además, les prometieron enrolarlos para pagar los derechos de patentes, lo cual finalmente no ocurrió, porque después dijeron que el sistema sería de posturas diarias», comentó la abogada.
¿La justicia validó o no ese decreto municipal que cambió el sistema?
«Ese decreto fue objeto de recursos de protección de dos comerciantes. Allí la Corete Suprema dijo que la Corte Suprema debía adoptar todas las medidas para establecer los derechos previos de los comerciantes, reinstalando el sistema estable de asignación de posturas, para asegurar sus derechos, cosa que la municipalidad se ha negado a nacer hasta ahora, aunque no sabemos por qué. No ha querido dialogar con los recurrentes y tampoco reinstalar un sistema estable de repartición de posturas. La municipalidad lo que quiere es que el primero que llegue al patio tome el puesto, aunque mis representados han construido techos e instalaciones eléctricas con sus materiales, por los cuales han pagado», precisó Francisca Concha.
¿Entonces eso explica el último decreto de desalojo?
La abogada respondió que «efectivamente, la municipalidad ahora intentó desalojarlos del patio número dos. Ahí fue donde mis representados se opusieron y dejaron de pagar, buscando siempre un acuerdo con la municipalidad, pero ellos no han querido conversar. Y ese es el problema. Ahora este fallo califica como ilegal la ocupación, lo cual puede ser, pero no por eso deja de ser justa. Porque tienen razones jurídicas, ya que la misma municipalidad los autorizó a estar allí ya construir allí, pero después les desconoció sus derechos. Eso es lo que molesta».
¿Y en qué se fundará la apelación a la Corte Suprema?
«Lo que ocurre es que el mismo fallo de la Corte de Apelaciones de Talca dice que hay que discutir todas estas situaciones en sede de primera instancia, para ver si ellos tienen o no derechos previos. Esto no es materia de un recurso de protección. Lo que buscábamos era evitar que la municipalidad venga a desalojar a los comerciantes», explicó la abogada.
¿Que buscan los recurrentes en definitiva?
«Siempre hemos estado llanos a alcanzar un acuerdo, pero la municipalidad no quiere respetar la palabra empeñada. Ellos autorizaron y ayudaron a construir, pero ahora quieren cambiar el sistema y quedarse con las construcciones. Eso molesta a la gente y por eso están enojados», afirmó Francisca Concha.