¿Qué dictaminó la justicia?
En fallo unánime, la primera sala de la Corte de Apelaciones de Talca acogió un recurso de reposición interpuesto por la defensa de medio centenar de comerciantes que trabajan en el patio número dos de la Macroferia de esta ciudad, por lo cual, el mismo tribunal de alzada decretó una «orden de no innovar» que, en la práctica, paralizó las acciones de clausura de este recinto que los afectados interpretaron como un «desalojo» adoptado por la municipalidad de la capital regional.
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¿Qué significa en la práctica?
La resolución de la Corte de Talca indica textualmente: «Al primer otrosí, atendido el mérito de los antecedentes HA LUGAR a la orden de no innovar, en la forma solicitada. Comuníquese por la vía más expedita». La petición fue la siguiente: «ordenándose a la recurrida que se abstenga de realizar actos hostiles y por vías de hecho en contra de los recurrentes y sus familias, con el objeto de obtener su desalojo, como el cierre de los accesos o el arrojo en el sector de materiales, como contenedores llenos de basura, tierra, escombros y concreto, que alteren el medio ambiente, las condiciones sanitarias y afecten la salud de las personas o cualquier otro acto de similares características, mientras se conoce y resuelve el presente recurso».
¿En qué consiste este conflicto?
Distintas estrategias ha adoptado y ejecutado la municipalidad de Talca para administrar sus bienes productivos, entre ellos, los patios de la Macroferia, recintos donde a diario se realizan cientos de transacciones de productos agrícolas, para abastecer tanto a la capital regional como a otras ciudades de la región. En dicho contexto, luego de cambios en las fórmulas de administración, los comerciantes del patio dos se negaron a abandonar el recinto por estimar que perderían sus derechos de posturas, ante lo cual, la municipalidad interpretó esta medida como una «toma» de un bien de uso público.
¿Qué ocurre actualmente?
Así en fecha reciente, la municipalidad ejecutó medidas de clausura del patio dos, cerrando los portones e instalando bloqueos para evitar el ingreso de camiones o vehículos. Todo esto motivó a los comerciantes a acudir ante la justicia, a través de un recurso de amparo y, en paralelo, un recurso de protección, ambos patrocinados por la abogada, Francisca Concha Le-Beuffe, argumentando que habría una «autotutela» de la municipalidad por cuanto las medidas cuestionadas se adoptaron sin haber resolución judicial.
¿Qué decisiones ha adoptado la justicia?
La Corte de Apelaciones de Talca rechazó el recurso de amparo por estimar que no existían actos atentatorios contra los derechos fundamentales de los denunciantes. En paralelo, el mismo tribunal está tramitando un recurso de protección, en cuyo contexto, se había rechazado la solicitud de «orden de no innovar» de los recurrentes. Sin embargo, debido a asuntos de integración de dicha sala, se dejó sin efecto esa resolución y se adoptó una nueva con integración de ministros no inhabilitados.
¿Y qué se decidió en definitiva?
Así la primera sala, conformada por los ministros, Gerardo Bernales y Moisés Muñoz, junto al abogado integrante, Abel Bravo, acogió la «orden de no innovar» y dispuso su inmediato cumplimiento. A su vez, también se acogió la solicitud de la misma parte recurrente para pedir informe a la Compañía General de Electricidad (CGE) respecto al corte de electricidad en el patio número dos de la Macroferia.
¿Qué otras peticiones realizaron las partes en litigio?
En forma paralela, la parte recurrente solicitó informes por separado a la PDI y a Carabineros, para que detallen los motivos de su concurrencia el día en que la municipalidad intentó clausurar el patio número dos. A su vez, la parte recurrida solicitó también que el tribunal tenga a la vista el recurso de amparo rechazado por la misma Corte de Apelaciones de Talca.
