¿Qué ocurrió?
Hasta la fiscalía local de San Javier llegó el alcalde Jorge Silva Sepúlveda y la asesora jurídica de la Municipalidad Paula Troncoso, para entregar antecedentes que afloraron tras un arqueo sorpresa realizado en la unidad de FONASA que funciona al interior de la farmacia comunal, lo que podrían ser constitutivos de delito.
¿Qué dijo la abogada de la municipalidad?
“Esta es una irregularidad en la venta de bonos de Fonasa, que tendría como implicado a un funcionario municipal (que se encuentra suspendido mientras dura la investigación) detectada hace algunos meses y cuyo resultado tras una investigación interna se puso a disposición del Ministerio Público en el mes de agosto. A través de la Dirección de Finanzas de la Municipalidad se logró establecer una diferencia de dinero en la venta de bonos, que sobrepasa los $20 millones de pesos», expresó la jefa del Departamento Jurídico de la municipalidad Paula Troncoso.
¿Qué otras medidas se están adoptando?
La acción municipal será complementada por una querella que busca establecer las responsabilidades penales en la pérdida de recursos municipales. El alcalde determinó iniciar un sumario para establecer responsabilidades administrativas.
¿Que destacó el jefe comunal?
“En mi administración yo no voy a permitir ninguna situación extraña o que quede en duda, o que un funcionario este comprometido en acciones o deberes que no son de la acción pública. Por eso hemos venido además a la fiscalía para advertir y pedir que se investigue, nosotros colaboraremos en todo lo que sea necesario para aclarar esta situación”, agregó el alcalde Jorge Silva Sepúlveda.
¿Qué va a pasar?
Desde el Ministerio Público se confirmó que el caso criminal está en manos del fiscal jefe de San Javier, Patricio Caroca, quien ordenó diligencias a la PDI, entre ellas, gestionar información con FONASA respecto a los movimientos financieros en la oficina municipal en esta comuna.
¿Existe algún caso similar?
A mediados de este año se formalizó un caso criminal de similares características respecto a una funcionaria del Registro Civil de Cauquenes que fue detenida por la PDI quedando en prisión preventiva pór orden judicial, tras se formalizada por la fiscalía. Los hechos fueron rechazados por autoridades regionales que exigieron total claridad en las investigaciones.
