¿Qué resolvió la justicia?
Prisión preventiva para un total aproximado de 40 imputados, esto es, la gran mayoría de los detenidos por la PDI en un operativo realizado el jueves de la semana pasada, fue la decisión adoptada este domingo por el Juzgado de Garantía de Constitución, luego de tres días consecutivos de audiencias de formalización de la investigación a cargo de dos fiscales, tres partes querellantes y numerosos abogados defensores particulares y de la Defensoría Penal Pública.
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¿De qué se trata del caso criminal?
Se trata de la denominada Operación Radiata, esto es, una investigación que se prolonga hace seis meses por la fiscalía de foco regional y la fiscalía local de Constitución, donde se aclararon numerosos episodios de robos de madera desde predios forestales que posteriormente eran vendidas en aserraderos en forma clandestina, logrando así millonarias ganancias ilícitas.
¿Cuándo fue la detención?
Fue el jueves de la semana pasada cuando la PDI organizó un operativo con cerca de 300 detectives que contempló tres regiones y que tuvo su foco en Constitución, logrando la detención de 44 imputados, en su gran mayoría, sujetos chilenos, incluyendo una mujer y un migrante de nacionalidad venezolana. A la vez, se incautaron nueve camiones y cuatro camionetas para el transporte de productos forestales, 12 armas de fuego, 750 municiones balísticas y 68 millones en dinero en efectivo.
¿Qué ocurrió en las audiencias judiciales?
Ese mismo jueves, todos los imputados pasaron a audiencia de control de la legalidad de la detención en el Juzgado de Garantía de Parral. La jueza, Carolina Aliaga, declaró legal el procedimiento policial y, luego, se programó la formalización para 24 horas después a fin de terminar diligencias pendientes. Así el viernes 6 de enero comenzó la formalización de la investigación a cargo de los fiscales, Carmen Gloria Manríquez, fiscal jefe de Constitución, y José Alcaíno, fiscla jefe de la fiscalía de foco investigativo.
¿Qué delitos se formalizaron?
Las audiencias se prolongaron por todo el viernes, sábado y domingo, concluyendo pasadas las 21 horas del 8 de enero. Allí los fiscales realizaron la formalización en contra de todos los imputados por el delito común de asociación ilícita, explicando que se trata de tres organizaciones criminales denominadas como «Los Millonarios», «Los Gallina» y «Los Medel», con jerarquías y liderazgos claramente definidos.
¿Cómo operaban estos grupos criminales?
Según la formalización de la fiscalía, el grupo «Los Millonarios» era encabezado por el imputado, Waldo Núñez Cáceres; el grupo «Los Gallinas» era liderado por los hermanos Miguel y Cristian Rivas Aravena; y el grupo «Los Medel» estaba encabezado por Cristian Eugenio Medel Carrasco. Los líderes de estas agrupaciones son sujetos que contaban con camiones para el transporte de madera, quienes contactaban a choferes, «dateros» que identificaban los predios con madera lista para la carga y receptadores que corresponden a propietarios o arrendatarios de aserraderos.
¿Qué otros delitos se formalizaron?
El segundo delito de relevancia fue el lavado de activos, ya que los líderes de estas organizaciones criminales se apropiaban de las ventas ilegales y, con ello, no solo pagaban a todo el grupo criminal, sino también compraban vehículos y propiedades, todo esto, sin justificar esos ingresos. A ello se sumaron otros delitos flagrantes como tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, microtráfico de drogas y homicidio frustrado en contra de detectives de la PDI.
¿Con qué apoyo contaron los fiscales?
La formalización de la investigación fue respaldada por tres partes querellantes, esto es, abogados penalistas que representaron a las empresas ARAUCO y MININCO, como también del abogado, Roberto Gómez, quien representó a la Delegación Presidencial Regional. Todos ellos tuvieron como contraparte a seis abogados particulares y a dos abogadas de la Defensoría Penal Pública.
¿Qué medidas cautelares se resolvieron en el tribunal?
Los fiscales exigieron prisión preventiva para los 44 detenidos. La jueza Aliaga decretó dicha medida cautelar para los 17 imputados que eran representados por abogados particulares. Luego, se sumaron otros 23 que eran representados por la Defensoría Penal Pública también en prisión preventiva, todos ellos, por constituir un peligro para la seguridad de la sociedad. A su vez, para otros cuatro se decretaron medidas cautelares alternativas como prohibición de salir del país, firma periódica y prohibicón de acercarse a los predios forestales de las partes querellantes.
¿Qué viene ahora?
Tras el cierre de los tres días de audiencias, este domingo, comenzó a correr un plazo común de cinco días para que las defensas puedan apelar de las medidas cautelares y llevar los casos para revisión ante la Corte de Apelaciones de Talca, donde se pueden revocar, confirmar o sustituir, previo a escuchar también a la fiscalía y las partes querellantes en esta investigación.
