¿Qué ocurrió?
Encontradas reacciones se conocieron tras los antecedentes entregados por el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ante la comisión investigadora del Caso Convenios en la Cámara de Diputados, en específico, en el caso del Gobierno Regional del Maule.
¿Cuándo comenzó?
Primero fue un grupo de consejeros regionales que presentó una denuncia ante la Contraloría Regional del Maule y, luego, fueron una denuncia y una querella presentadas por el diputado, Jorge Guzmán, motivando el anuncio de un sumario administrativo por parte de la Gobernadora Regional, Cristina Bravo. En todo caso, a la fecha, la investigación penal continúa radicada en la Fiscalía Regional de Antofagasta sin imputados formalizados.
¿Y ahora qué pasó?
En ese contexto, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, acudió ante la comisión investigadora conformada en la Cámara de Diputados, para entregar el resultado de sus indagaciones respecto a las fundaciones, el Ministerio die Vivienda y los Gobiernos Regionales, entre ellos, el caso del Male.
¿Cuáles fueron sus palabras?
«En el fondo, la Fundación Urbanismo Social ya estaba con el convenio firmado con el Gobierno Regional del Maule, pero para que se hiciera la transferencia se condicionaba la entrega de los recursos a que se contratara a ciertas personas. La Contraloría va a iniciar un sumario para poder determinar esas faltas a la probidad. Esto puede revestir carácter de delito, eso no lo podemos determinar nosotros, por lo cual, se remitirán los antecedentes al Ministerio Público», afirmó.
¿Cuál es la conclusión de los informes?
«Lo que nosotros hemos determinados con los informes de auditoría son hechos objetivos que dan cuenta obcecaciones, algunas de ellas que son muy relevantes, otras constitutivas de faltas a la probidad y otras que podrían ser constitutivas de delitos, por lo cual, las estamos derivando al Ministerio Público. Y también varias de ellas se repiten en distintas regiones. Yo solo puedo decir que hay observaciones que se repiten», añadió Bermúdez.
¿A que se debe esto que ocurrió entre los gobiernos regionales y algunas fundaciones?
«Se debe a que no tenemos una ley marco de transferencias y esto lo hemos venido diciendo muchas veces. Yo he venido 180 veces a la Cámara de Diputados y desde el año 2018 que venimos diciendo que falta una ley que regule las transferencias», precisó el Contralor General de la República.
¿Cuáles fueron las reacciones?
Entre otras reacciones de parlamentarios, el diputado Evópoli por el Maule, Jorge Guzmán, afirmó que «lo que ocurre en la región del Maule es escandaloso y así lo confirma el propio Contralor General de la República. A la Fundación Urbanismo Social le transfirieron por parte del Gobierno Regional del Maule y de la gobernadora Cristina Bravo, 265 millones de pesos en forma directa”.
¿Qué otros aspectos se descubrieron?
“No les bastó con eso, sino que además después de transferir los recursos, le exigieron la contratación de simpatizantes y militantes de la Democracia Cristiana, amigos y familiares de funcionarios de responsabilidades dentro del Gobierno Regional. Según las propias palabras del Contralor General son constitutivos de delito, y es por ello que iniciaron un sumario administrativo al Gobierno Regional del Maule, pero además derivaron los antecedentes al Ministerio Público, para que se investigue y se sancione estos hechos que son de total gravedad. Con los recursos de todos los maulinos no se pueden pagar favores políticos y menos aprovecharse en beneficio de los familiares, amigos y partido de la gobernadora Bravo”, añadió Guzmán.
¿Qué contestó la Gobernadora Regional?
En respuesta a las palabras del Contralor, Cristina Bravo comento que «quiero aclarar que, como Gobierno Regional, hemos entregado toda la información que se nos ha solicitado respecto de la ejecución de proyectos y programas desde que asumimos el cargo. No obstante, yo creo que el Contralor cayó e una imprecisión, porque nosotros jamás hemos condicionado el traspaso de recursos a fundaciones o a distintos organismos a través de la contratación de personas. Y en el caso de Urbanismo Social entregamos los recursos en diciembre de 2022 y, a la fecha, no tenemos ningún movimiento ni ejecución, pese a que hemos tratado de contactarlos para que hagan devolución de los recursos».
¿Qué comentaron desde la comisión investigadora del Consejo Regional del Maule?
El consejero regional, Gabriel Rojas, integrante de esta comisión, sostuvo que «es inaceptable la forma en que la gobernadora estaba realizando asignaciones directas de cientos de millones de pesos a fundaciones. Y junto con ello se les exigiera la contratación de familiares o militantes de su partido en estos proyectos».
¿Qué otros hechos llamaron la atención?
«Tampoco existe claridad de cómo llegaron estas fundaciones a solicitar millonarias sumas en proyectos que la gobernadora definía a dedo, sin pasar por el Consejo Regional, además, entregando estas sumas en una sola cuota y sin los resguardos suficientes para velar por el cumplimiento de estos proyectos, sin que varias fundaciones tuvieran la experiencia para desarrollar estas iniciativas. Eso ha conllevado una crisis nunca antes vivida en el Gobierno Regional del Maule. Esto no debe seguir ocurriendo», añadió.
